Como siguiendo un manual para destruir la democracia, los hechos sobre la pérdida de autonomía e independencia de las autoridades electorales siguen acumulándose.
Ese es uno de los primeros pasos que un régimen autoritario da para imponerse; se apropia de la organización de los procesos electorales para manipular los resultados. Nuestra historia, como las de otros países, está llena de ejemplos al respecto.
También es cierto que existen actos de respeto al mandato conferido y aceptado, actos de resistencia y dignidad necesarios para combatir y desenmascarar las simulaciones democráticas. En pocos días emergen unos y otros.
La semana que acaba de concluir, podemos registrar al menos tres: la conclusión del mandato de la magistrada Janine Otálora, el cambio en la presidencia de la Sala Superior (SS) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la confirmación por esa misma Sala de que no hubo delito electoral en las pasadas elecciones del Poder Judicial (PJ); en eso se traduce su decisión.
¿Qué tendría de particular referirnos a la conclusión del mandato de una magistrada, a no ser la evaluación de su desempeño? Pues en este caso no solo se trata de eso, sino del reconocimiento a quien honra con su decisión a la Constitución a la que juró cumplir, cuestión que parece una rareza en estos tiempos judiciales; para ello, un poco de historia.
El 20 de octubre del 2016, el Senado de la República designó siete magistraturas que entraron en funciones el 4 de noviembre de ese año.
Se trataba de Janine Otálora, Mónica Soto y Felipe de la Mata, cuya gestión se extendería hasta el 31 de octubre de 2025. Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez debían concluir su gestión el 31 de octubre de 2022. Indalfer Infante y José Luis Vargas fueron nombrados por tres años, es decir, hasta el 31 de octubre de 2019.
Sin embargo, pocos días después de aquellas designaciones, el Senado aprobó un artículo transitorio para extender esos mandatos, lo que implicó dos años más para Fuentes y Rodríguez y cuatro más para Infante y Vargas.
La reforma constitucional aprobada en 2014 para escalonar los nombramientos de magistrados no correspondía con los acuerdos políticos; había que ajustarla a base de transitorios.
Indalfer Infante y José Luis Vargas concluyeron su gestión el 31 de octubre de 2023, a dos meses de haber iniciado el proceso electoral del 2024, quedando la Sala Superior solo con 5 de sus 7 miembros durante 22 meses, a pesar de que en ese lapso tuvieron lugar las elecciones más grandes de la historia de nuestro país y la renovación de la Presidencia de la República.
El Senado no solo incumplió con su obligación constitucional, sino que además desacató a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el cálculo era evidentemente político y “no me vengan con que la ley…”.
Pero la historia no termina aquí; a raíz de la reforma al Poder Judicial, se aprobó una nueva extensión del plazo de los cinco magistrados hasta octubre de 2027; total, si esa integración es funcional, que sigan.
Sin embargo, Janine Otálora, haciendo honor a su juramento, dejó su magistratura como originalmente estaba previsto, es decir, el pasado viernes.
Y la mata sigue dando; la decisión de Otálora puso en evidencia una vez más la falta a la legalidad del bloque dominante.
La vacante debería cubrirse con la persona del mismo género de quien la generó y que hubiera obtenido el segundo lugar en las votaciones del pasado 1 de junio, tal y como se dispuso en la reforma constitucional del año pasado (artículo 98), pero al parecer el Senado tiene otra interpretación y dejará otra vez incompleta a esa instancia jurisdiccional hasta las elecciones del 2027.
La misma regla no se aplicará para cubrir la vacante, pero sí para que Gilberto de Guzmán Bátiz asuma la presidencia de la Sala Superior, dos raseros.
Para rematar, el pasado jueves la Sala Superior en mayoría, una vez más de 3 a 2 —las dos nuevas magistraturas se excusaron de votar en virtud del conflicto de interés—, revocó el acuerdo del INE que imponía multas a candidaturas por haberse beneficiado de los acordeones.
Con esto, cierran el expediente validando un proceso electoral en el que solo participó el 13 por ciento del electorado, que fue influenciado por el gobierno. Se usaron recursos que estaban prohibidos, lo que termina por destruir el equilibrio de poderes y el Estado de derecho.
Como empezamos, los hechos desnudan el guion que Morena está siguiendo para perpetuarse y eso inició con la captura del TEPJF. Mi mayor reconocimiento a la verticalidad y dignidad de Janine Otálora.
APOSTILLA: Por si fuera poco, la Sala Superior avaló, ahora en un 4 a 2, la intromisión del Órgano Interno de Control (OIC) del INE en materia electoral, cuando constitucionalmente está impedido para ello.
El OIC consideró que una decisión de 6 consejerías es una falta grave y turnó el expediente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante lo que se inconformó con toda razón la consejera Claudia Zavala.
Más clara ni el agua; se trata de intimidar y sancionar por cualquier vía decisiones que no son del parecer del actual gobierno y para eso está la mayoría del TEPJF.