En otras ocasiones he referido con preocupación cómo las recientes elecciones, y en particular las del Poder Judicial de junio pasado, se están alejando de los estándares de la integridad electoral, es decir, de las condiciones que llevan a considerar si una elección es libre, auténtica y democrática.
Ya que, como bien se sabe, el puro hecho de instalar urnas y convocar a la ciudadanía no es sinónimo de un ejercicio democrático. En nuestro país, a lo largo del siglo XX, no dejó de haber elecciones, aunque el resultado era previsible, ya que la hegemonía del priismo se imponía.
De la misma manera, hoy somos testigos en Nicaragua y Venezuela, por solo mencionar dos casos, de cómo el uso del poder del Estado con fines electorales y la cooptación de las autoridades electorales conducen a la vulneración de la voluntad ciudadana. Al parecer, nos estamos acercando a esos escenarios.
El pasado miércoles fuimos testigos, como anticipé la semana pasada, de una sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral en la que una mayoría de tres impuso su criterio, con argumentos que no resisten la lógica más elemental, sobre la inexistencia de pruebas suficientes acerca de que se había inducido indebidamente el resultado de la votación para elegir juzgadores federales.
La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez presentaron dos proyectos, que, aun con algunos matices de diferencia, proponían declarar la invalidez de esos comicios en virtud de que la prueba estadística hacía ver con claridad meridiana que, entre otras cuestiones, los llamados “acordeones” habían sido un factor definitivo para influir en el escaso electorado que concurrió a las urnas.
Ya con anterioridad el consejero Martín Faz en una sesión del Consejo General de INE había demostrado que, dado el volumen de candidaturas y de puestos sujetos a elección, era prácticamente imposible llegar al resultado que se obtuvo si no era influyendo indebidamente sobre los electores. En esa misma sesión, el consejero Arturo Castillo propuso no declarar la validez de aquella elección en razón del conjunto de irregularidades detectadas, a partir de las cuales se podría sospechar que lo que se encontró en 818 casillas que se invalidaron podría ser un patrón presente en muchas otras. Lamentablemente, estas razones solo recibieron el acompañamiento de tres consejerías más: Dania Ravel, Jaime Rivera y Claudia Zavala.
A todo ello, de por sí grave, se suma la resolución del INE del pasado jueves, en materia de fiscalización. Se exoneró a un hermano del expresidente López Obrador, a quien se le había detectado in fraganti recibiendo dinero; posteriormente, el entonces presidente de la República reconoció que se recibía para gastos de organización de su movimiento. Este caso se cierra diez años después de los hechos y cinco años después de que los mismos se hicieran públicos. El retraso y la resolución, se dijo, obedecieron en buena medida a que autoridades competentes no proporcionaron la información solicitada por el INE, a lo que están obligadas por ley.
Penosamente, esto es algo que se ha venido haciendo costumbre, dejando al INE sin la información suficiente para resolver en justicia y con oportunidad casos en los que hay indicios suficientes para sospechar que se introducen recursos ilegales a la vida política.
Todo lo anterior son pruebas en el sentido de que la calidad democrática de las elecciones se está degradando en nuestro país, pero lo más preocupante es que esto sea una práctica que llegue para quedarse, ya sea por la vía de los hechos: autoridades electorales cooptadas o sin los recursos suficientes para cumplir con las funciones que tienen encomendadas, o que todo ello pase a ser la letra de la próxima reforma político-electoral.
A lo precedente se suma la complejidad de las elecciones de 2027. Serán las más grandes de las que tengamos referencia, no solo por el crecimiento del padrón electoral, sino por el número de cargos que estarán sujetos a consulta y el número de candidaturas involucradas.
Hagamos un breve recuento: Cámara de Diputados federal, Congresos de 31 estados de la República (renovación de mil 88 diputaciones locales), 17 gubernaturas, elección al menos de 680 presidencias municipales, y por si fuera poco, la elección de la mitad de jueces y magistrados federales que no estuvieron sujetos a elección este año, lo que alcanzará un volumen que con toda seguridad rebasará los 850 cargos.
Más aún, trece estados de la República elegirán jueces locales, pero además, otros como el Estado de México también tendrán comicios para estos efectos, ya que resolvieron seguir el patrón federal, es decir, renovar de manera escalonada a sus jueces.
El número de cargos y candidaturas no tendrá precedentes y, si se siguen las actuales reglas, habrá casillas para elegir legisladores y ejecutivos municipales y estatales, y otras para hacer lo propio con los cargos del Poder Judicial. La experiencia de este año en Durango y Veracruz, en donde coincidieron elecciones municipales con las del Poder Judicial, se instalaron casillas en lugares distintos (así está previsto y además las distritaciones no coinciden), resultando que la participación ciudadana se redujera a la mitad para la elección de juzgadores.
Además de que al reducirse la participación se pierde legitimidad, la complejidad de los comicios será tal que seguramente, “la práctica” del uso de acordeones será de lo más común y más ahora con el precedente que al respecto sentaron los tres magistrados del Tribunal Electoral.
Vaya escenario, elecciones complejas con reglas diferenciadas: en algunos casos participan los partidos políticos, en otros no; en un caso la ciudadanía cuenta con información para reconocer las funciones de quienes serán electos y en el otro no. Las reglas más elementales de elecciones democráticas estarán ausentes y la inducción y coerción podrán ser la práctica común, para no hablar del desinterés provocado por la confusión. ¡Qué manera de vulgarizar la vida democrática y a nombre de ella justificar el proceder de un Estado arbitrario!