Difícil sostener que sea una mala noticia que 13.4 millones de compatriotas hayan salido de la pobreza, una disminución de 12.4%. La cuestión es saber cómo se logró y si esos hechos están sustentados sobre una base sólida como para marcar una tendencia que nos lleve a revertir la lacerante desigualdad en la que nuestro país ha vivido durante décadas.
La semana pasada el INEGI dio a conocer los datos sobre la pobreza en México, tarea que estaba encomendada al recientemente desaparecido Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Soy de los que piensa que fue un craso error la extinción de tan importante institución y trasladar sus funciones al INEGI, no porque crea que ese instituto no pueda hacer bien su trabajo, sino porque la tarea del Consejo no consistía solamente en “levantar los datos” —complejísima tarea, por cierto—, sino, lo más importante, a partir de los mismos evaluar las políticas públicas y proponer ajustes al respecto.
No se trataba de duplicidad de funciones, como se arguyó, y menos de la necesidad de “ahorros”; el Coneval era una entidad muy pequeña, eficiente y conformada por especialistas de gran nivel. Se trató, como en muchos otros casos, de centralizar en el Ejecutivo Federal la lectura y la traducción de la realidad sin discordancias, sin deliberación alguna. La realidad solo tiene una interpretación: la oficial.
Pero volvamos al tema de la pobreza y la desigualdad. A pesar de las buenas noticias, 38.5 millones de personas viven en situación de pobreza; de ellas, 31.5 en lo que se denomina, eufemísticamente, pobreza moderada y 7 en pobreza extrema. Un tercio de la población es vulnerable por carencias sociales y, al desagregar estos datos, uno encuentra que el 62.7% de la población carece de servicios de seguridad social y 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios médicos de salud adecuados; eso quiere decir que no están adscritos o tienen derecho a recibir servicios de salud en instituciones públicas o privadas. Este último indicador creció más de 120% de 2018 al 2024.
¿Qué propició esta situación? La disminución de población en pobreza, como lo señala el INEGI, se explica por el crecimiento del ingreso de las familias, y lo anterior tiene su origen en dos factores: el incremento de los salarios (con lo que se rompe el viejo mito, según el cual el aumento salarial generalizado impactaría en la inflación) y el otro son las transferencias a través de los programas sociales.
Por otra parte, a reserva de un análisis más profundo, tal parece que la explicación más plausible sobre el decremento en el acceso a servicios sociales y en particular a los de salud está en el hecho de que el régimen de la 4T, disfrazado de izquierda, siguiendo patrones que parecen más alineados a las tan criticadas políticas neoliberales, prefirió privatizar estos servicios, es decir, cambiar liquidez, dinero en el bolsillo de las familias, por el costo de la operación de instituciones públicas. Una medida de esa naturaleza, si bien da alivio en el corto plazo, cobrará factura muy pronto, cuando las familias tengan que enfrentar costos de atención y medicamentos para los cuales las transferencias que reciben por la vía de los programas sociales no les alcancen.
De cualquier manera, la cuestión es preguntarnos si estas políticas públicas resuelven el problema estructural de fondo o son paliativos sobre bases endebles que, al paso del poco tiempo, pueden regresarnos al punto anterior, seguramente en peores condiciones y con un incremento del desencanto y el malestar social.
Las buenas noticias sobre la pobreza están basadas en una debilidad estructural, en una economía que está estancada —nadie puede decir que el mediocre crecimiento económico del 2018 al 2024 o el previsto para este año merecen otro calificativo— con la que no se pueden sostener las políticas salariales y los programas sociales.
Si la economía no crece, el empleo tampoco, pero si la demanda de empleo crece y el valor del PIB se estanca, es difícil mantener una política de incremento real del salario. Por la misma razón, es complejo, si no es que imposible, mantener un ritmo de gasto público para sostener los costosos programas sociales, además de inversiones y empresas públicas ineficientes y con multimillonarias deudas. He aquí la paradoja de un gobierno de “izquierda” que aplica políticas neoliberales y que está enfrentando una desigual negociación política y comercial con su principal socio.
POSDATA: Tres magistrados del Tribunal Electoral se han vuelto predecibles, no por la consistencia técnica de sus sentencias, que sería lo deseable, sino por el sesgo a favor de los intereses del grupo en el poder. El próximo miércoles seguramente volveremos a constatarlo.