Las páginas de los diarios y los noticieros de radio y TV, para no hablar de las conversaciones en redes sociales, tienen semanas, meses, años, en los que lo relevante tiene que ver con lo que tradicionalmente se conoce como “la nota roja”. Este fin de semana no fue la excepción; la declaración de un “capo” ante una corte de los Estados Unidos ocupa los titulares y la atención de la oficialidad encabezada por la misma presidenta de la República.
Más allá de las implicaciones delictivas, que a eso debería reducirse, lo que resulta increíble es que el sistema político, la institucionalidad misma, están en juego. Caras tensas vemos, muchos corrillos no sabemos. Aunque trasciende que no son pocos los nerviosos, que al amparo de la complicidad y la permisividad, han ascendido y ahora ven de cerca las consecuencias. A eso hemos llegado.
Si solo se tratara de personas, que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. El problema es que esas personas hoy ocupan posiciones de responsabilidad social de la mayor relevancia. Están al frente de cargos nacionales o locales, al frente de instancias en donde se toman decisiones que repercuten en la sociedad toda y delinean el futuro.
Eso que hoy está al desnudo es lo que ha sucedido frente a nuestros ojos durante años y lo hemos dejado pasar, minando la institucionalidad que nos permite vivir en una convivencia medianamente civilizada.
Pero, ¿y qué es eso de la institucionalidad? En principio, suena a algo abstracto, inasible e incluso prescindible, y más ante todo lo que ocurre en nuestro entorno convulso, pero por lo mismo se vuelve pieza clave para entender en dónde estamos y cómo salir de este enredo.
Las instituciones han sido cooptadas y la criminalidad, aquella que pasaba de noche, al margen, por lo oscurito, hoy ocupa posiciones a la luz del día. Pasó de las brechas a las supercarreteras, de la clandestinidad a las grandes ciudades, a las colonias prestigiadas, a los restaurantes caros y las bebidas exóticas, a las páginas de sociales y políticas. De coaccionar a un presidente municipal legítimamente electo a definir candidaturas y financiar campañas para cargos de la mayor relevancia.
Y si no fue así, los mismos políticos, en aras de lograr sus propósitos, acudieron a fuentes de financiamiento ilícitas. El fin justificaba los medios, hasta que los medios cortaron los fines…
Lo que se rompió fue la institucionalidad, el respeto más elemental a la autoridad, y no hablo de la policía, los jueces y “el buen gobierno”; hablo de lo más elemental, el tejido social que daba cohesión y líneas básicas de respeto y autoridad social, de autocontención sin necesidad de la vigilancia externa, el respeto a los profesores, al tendero, al entrenador del equipo, al coloquio familiar.
No quiero pasar por un viejo conservador que cree que todo pasado fue mejor, sino solo por alguien que cree que lo social es algo de la mayor relevancia y por lo mismo no puede quedar en manos de unos cuantos, ya que es responsabilidad de todos, y que cuando nos alejamos de lo que es nuestro, habrá quien ocupe ese espacio para cultivarlo en su beneficio.
La naturaleza humana es así; somos libres en tanto nos encontramos con otros sujetos libres que reclaman su propio espacio. En la medida en que renunciamos a ello y, tras una pretendida individualidad, dejamos de ver el entorno en el que vivimos, los problemas que nos son comunes, habrá quien se haga cargo de ellos a costa nuestra, a nuestro nombre, a nombre del PUEBLO.
Ahora estamos ante el escenario más degradado de la política —aquella aspiración al acuerdo civilizado en el que ganamos todos— y ante una sociedad que cada día renuncia más a su carácter social para recluirse en su jaula, en su pequeño grupo y solo durante la luz del sol y aun así con cuidado. ¿Hemos reflexionado sobre lo que significa que nuestro saludo más cariñoso sea “ve con cuidado”?
Sí, lo que se ha roto es la institucionalidad, si por ella entendemos el conjunto de reglas que se materializan en protocolos y en instancias especializadas para atender problemas y dirimir diferencias. Trátese de una presidencia municipal o de la República, de un juzgado, de los organismos responsables de servicios de salud, educación, proveedurías de energía, agua, drenaje, pavimentación, etcétera. Se ha roto la institucionalidad si la definimos también como el entramado de competencias públicas, los alcances de cada una y el equilibrio entre ellas. Ni todas las instancias a lo mismo, ni una imponiéndose al resto.
La 4T juega con fuego, ha sido parte relevante de esa ruptura institucional —lejos está el achacar la responsabilidad a los “neoliberales”—, es cómplice de ello y ahora pretende resolver el problema imponiendo el imperio de un Estado autoritario, ya que no cree en la sociedad, en su “pueblo”, pues no le tiene confianza.
Su solución es la milicia, no una policía cívica; las armas, no la investigación respetuosa de derechos. La salida que proponen es la homogeneidad, no la diversidad, la censura y el control. Qué falta de convicción y atención la nuestra si seguimos aceptando todo esto sin más, si seguimos dejándolo pasar.
No se trata de ser ingenuos; el problema es de tal envergadura que el trazo hacia la reconstrucción llevará años, pero hay que empezar ya y no persistir en un camino que ha demostrado por lustros su ineficiencia y la reclusión bukeliana que implica.
Sí, la institucionalidad no es una abstracción, es el espacio en el que nos igualamos y somos corresponsables.