La reforma al Poder Judicial sigue dando de qué hablar, no sólo porque cada vez es más claro que lejos está de resolver el problema de acceso y administración de la justicia, sino porque, paso a paso, día a día, se desnuda la pretensión de control político que desde siempre ha estado detrás de ella. No se trata de posturas conservadoras, se trata de constatar los hechos y advertir con claridad las graves consecuencias que traerá consigo, las repercusiones para la democracia, para el equilibrio de poderes y para el Estado de derecho.
Vayamos por partes, a lo más elemental, a la organización del proceso que está llevando a la elección de quienes tendrán, a partir del 1 de septiembre, la delicada responsabilidad de impartir justicia. ¡Sí! Increíble, a 22 días de la jornada electoral, en el INE aún no pueden concluir las tareas para dar a conocer los resultados oficiales y la entrega de las constancias de mayoría. Cuestión que en elecciones de ejecutivos y legislativos se hacía el domingo siguiente de la jornada electiva, es decir, siete días después. Para este caso, y aduciendo la complejidad, el INE se había dado originalmente 10 días.
Al momento, se han entregado solamente 31 constancias de mayoría. Nueve para quienes integrarán la Suprema Corte; cinco para las magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; dos para cubrir finalmente las vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral que el Senado de la República no designó, dolosamente, desde el 1 de noviembre del 2023, incluso desacatando sentencias de la SCJN y a pesar de que el proceso electoral estaba en curso y requería que el Tribunal estuviera plenamente integrado y, finalmente, 15 constancias, tres por cada una de las cinco salas regionales del Tribunal Electoral. Sólo faltan de entregarse la friolera de 850 constancias a magistrados y jueces que contendieron el pasado 1 de junio.
El domingo 15 de este mes acudimos a una escena más de las consecuencias de una reforma a todas luces mal hecha y de un proceso electoral que no cumplió con los más elementales criterios de una elección democrática y que diera certeza a quienes participaron y a la ciudadanía en su conjunto. Seis de los 11 integrantes del Consejo General (CG) del INE manifestaron sus dudas fundadas, a partir de los datos de la propia institución, sobre la validez de la elección, lo que llevó a que se anularan 818 casillas y a que el consejero Arturo Castillo propusiera que no se declarara la validez para que fuera el Tribunal Electoral quien acordara lo conducente, contando ya con la totalidad de elementos de la organización, quejas, denuncias y dictámenes de fiscalización.
¡Oh, sorpresa! ¿O ya tenemos que acostumbrarnos a las inconsistencias? A pesar de que seis consejerías manifestaron sus dudas, finalmente la propuesta del consejero Castillo no prosperó, ya que sólo obtuvo 5 votos…
En las 818 casillas que se invalidaron se encontraron irregularidades que nos remontan al “Paleolítico electoral”, como lo calificó el consejero Jaime Rivera, es decir, a prácticas que pensábamos erradicadas, como el que hubiera más votos en las urnas que electores en la casilla correspondiente; casillas zapato, es decir, todos los votos emitidos por una misma opción; boletas sin dobleces pero marcadas, es decir, que fueron llenadas sin que fueran introducidas en la urna; para no hablar de la “extraña coincidencia” de que los acordeones dominantes coincidieron en un caso en el 80% de los resultados y en otros casos en el 85%, como lo señaló el consejero Martín Faz.
Pero no todo terminó ahí; el pasado miércoles, otra vez en el seno del Consejo General, presenciamos otro incidente que, de no ser trágico, pasaría a ser comedia del absurdo al más puro estilo de Eugene Ionesco. Resulta que el CG se convirtió en una Dirección de Sistemas Escolares, como la calificó acertadamente Leonardo Curzio, ya que tuvo que discernir si un 7.9 de calificación es equivalente a un 8.
SÍ y doble SÍ, la reforma plasmó en la Constitución un detalle de la mayor relevancia que ameritaba quedar asentado en la Carta Magna: para ser candidato hay que tener 8 de promedio en la licenciatura en Derecho y 9 en las materias asociadas a la disciplina de la especialidad por la que se compite. Las consecuencias, al menos 37 casos de “ganadores” que no cumplen con esos requisitos, 3 que no tienen el 8, se quedaron a una décima. “¿Qué tanto es tantito, profe? No sea así…” y 34 que no cumplen con el 9. Ese dato tan relevante, evidentemente, las trayectorias no importan, impidió que se concluyera el proceso, ya que consejeros con razones contundentes solicitaron que se explicara quién se había tomado la atribución de dar “el pase” violando la Constitución y, además, se revisara el criterio de género.
De manera tal que aún no está claro cuándo concluirá este viacrucis y quiénes serán los buenos estudiantes que tendrán la fortuna de impartir justicia.
Para rematar, como dicen los abogados: “A confesión de parte, relevo de pruebas”. El jueves pasado la doctora Sheinbaum reconoció su injerencia en el proceso al señalar que de qué se queja la oposición, si no tienen jueces cercanos es que no hicieron lo necesario, aceptando implícitamente que ella sí había hecho su trabajo. ¿Qué no se suponía que los partidos políticos y los funcionarios públicos no deberían intervenir en el proceso? Al menos así lo señala la Constitución que la misma 4T reformó.
Ahora vendrán las impugnaciones, y aunque previsible el resultado dada la integración del TEPJF, no se pueden arriar las banderas ante semejantes barbarismos.