La declaración de culpabilidad de un delincuente que durante largos años causó daños a la sociedad mexicana, por la violencia asociada a su actividad, y a la estadounidense, por los efectos de las sustancias que traficaba, ocupará por un buen tiempo la atención de los medios del mundo, atenidos en su mayoría a la narrativa de las agencias de seguridad estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos ha celebrado la declaración como una victoria histórica, aunque, en rigor, la historia nos dice que la llamada “guerra contra las drogas” se perdió hace mucho.
La historia comenzó con Richard Nixon y, a la vuelta de cinco décadas, los expertos y muchas voces del mundo coinciden en que “la penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir a la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan, y estamos fallando a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, como dijo hace unos meses el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
En lugar de conseguir sus objetivos, son justo las políticas prohibicionistas las que han propiciado el fortalecimiento de redes criminales, de la mano de la corrupción de autoridades de todos los niveles y en todos los países.
De ahí que cuando se proclama un triunfo “histórico” por la caída de un capo, más de una ceja se levanta, habida cuenta de que, como dijo el propio Ismael Zambada en una entrevista célebre, todos ellos son reemplazables.
En tanto ocurre un cambio de paradigma en la manera como el mundo enfrente el problema de las drogas, la realidad política y las asimetrías entre países nos han llevado a establecer lazos de colaboración con el vecino del norte y otras naciones.
Frente a la complejidad del reto, y pese al uso oportunista y antinacional que algunos sectores de la oposición pretenden hacer de noticias como la que estos días ocupa los titulares, conviene destacar que las autoridades de Estados Unidos han expresado su agradecimiento a sus pares mexicanas por “llevar a todos estos líderes de cárteles a la justicia”, como expresó la fiscal de ese país.
Tenemos una relación compleja con Estados Unidos en el tema de seguridad, igual que en otros rubros. Para México es vital que el interés del gobierno de Donald Trump en combatir el crimen se exprese no solo en llevar ante la justicia a jefes criminales, sino también en el freno al tráfico de las armas con las que esos delincuentes pelean sus guerras y dañan a la población.
En esa ruta de atender nuestros problemas comunes, pronto se firmará un acuerdo en la materia que, como ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, estará fincado en los principios de respeto a la soberanía, respeto al territorio, confianza mutua y colaboración.
La declaración de culpabilidad de Ismael Zambada alimenta el relato que se construye desde las agencias estadounidenses, pero la solución de fondo pasa porque Estados Unidos asuma su responsabilidad tanto en el trasiego de armas como en el combate a las redes criminales en su propio territorio y, sobre todo, atienda al sector de su población afectado por la epidemia de opioides.
Las autoridades estadounidenses han celebrado la caída de “tres grandes capos” y en esa lista incluyen a los Guzmán y Zambada, delincuentes ampliamente conocidos, así como a Genaro García Luna.
Por ahí tendrían que comenzar los señalamientos del PAN, cuyas ligas con la delincuencia no vieron esos legisladores ahora tan preocupados por el combate al narcotráfico.