Donald Trump lleva al extremo sus recurrentes mascaradas para desviar la atención. En lances recientes, ha llegado al extremo de ordenar la invasión de Estados Unidos, como ha ocurrido en Los Ángeles y ocurre ahora en la mismísima capital del imperio, azotada por la suciedad y el crimen, según el magnate naranja, aunque el FBI diga que los registros de delitos son los más bajos en 30 años.
A las acciones de fuerza en su propio territorio, el presidente de la potencia añade la amenaza de operaciones militares en países de América Latina, con el pretexto del combate a los narcotraficantes elevados a la categoría de “organizaciones terroristas”.
Sea con mentiras o dichos tramposos, Trump construye una realidad alterna en la que, invariablemente, él y los suyos aparecen como salvadores.
Para justificar el envío de tropas a la mismísima capital del imperio, Trump da ejemplos falsos, como decir que la situación de Washington es tan grave como la de la peligrosa Ciudad de México.
Una simple y llana mentira que las cifras oficiales de ambas naciones contradicen. La tasa de homicidios en la capital de Estados Unidos es de 27 por cada 100 mil habitantes, contra 10 por cada 100 mil en la capital mexicana.
Sobre la Ciudad de México en particular, Trump podría preguntar a alguno de los más de 100 mil estadunidenses que la han elegido como lugar de residencia en los últimos años.
Una vez más queda claro que a la retórica trumpiana le importan poco la verdad o la legalidad. Si es capaz de decir que Washington está “invadida por pandillas violentas, criminales sedientos de sangre, turbas de jóvenes salvajes, maníacos drogados y personas sin hogar”, es capaz de cualquier cosa.
Unos días antes de mandar tropas a la banqueta de su casa, Trump firmó secretamente la autorización de uso de la fuerza militar contra grupos delincuenciales que ha catalogado como organizaciones terroristas, lo que le permite la aplicación extraterritorial de las leyes estadounidenses, contraria al orden jurídico internacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro que el uso de la mencionada orden ejecutiva está descartado para México, toda vez que nuestra legislación no lo permite ni forma parte de ninguno de los acuerdos que se han tomado en un marco de respeto mutuo y colaboración.
El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, echó fuego al asador al insistir en etiquetar a seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas, sin importar que esa condición está definida por el uso de la violencia para impulsar banderas políticas o ideológicas, que no es el caso de grupos movidos solo por el lucro, al igual que las empresas farmacéuticas que sumieron a Estados Unidos en la adicción a los opioides.
El tráfico de sustancias ilícitas y el fenómeno migratorio han sido utilizados por los gobiernos de Estados Unidos como pretextos para interferir en los asuntos de otros países, incluyendo al nuestro.
Con Trump, declarado enemigo del modelo de libre comercio instaurado en los noventa, se han convertido en factores para apretar o aflojar las tuercas de los aranceles, con consecuencias negativas para empresas y consumidores de todos los países.
Con esos ingredientes hemos de lidiar en tanto en el vecino país no se entienda que la cooperación frente a problemáticas compartidas no puede acompañarse de acciones bélicas ajenas al marco legal.
Las adicciones deben ser atendidas en sus causas, lo mismo que el poder de los grupos criminales que cuentan con redes aquí y también en las instituciones estadunidenses, como indican sendos reportes periodísticos recientes.
No puede haber cooperación bilateral si se ignora el respeto a la integridad territorial. Una vez más, cooperación sí, pero sin subordinación.