Se puede enunciar de manera sencilla, pero ha sido muy difícil acercarnos al ideal de que el acceso a las telecomunicaciones y la radiodifusión deje de concebirse como un privilegio y pase a ser un derecho efectivo para todas las personas.
Hacia ese objetivo apunta la nueva Ley de Telecomunicaciones, que ha merecido rudas respuestas de la derecha partidista y mediática. Nada que nos sorprenda. En el poder, la derecha ejerce sistemáticamente políticas que excluyen o que prohíben el ejercicio de derechos. Fuera del poder, como ahora, se proclama defensora de las libertades y proclama que la nueva ley es un atentado a la libre expresión.
La discusión de la nueva ley ha coincidido con la difusión de anuncios publicitarios del gobierno de Estados Unidos en medios mexicanos. Piezas, se ha dicho insistentemente, que denigran a los migrantes.
No deja de ser curioso que los súbitos defensores de la libertad de expresión celebren anuncios fincados en discursos de odio que nada tienen que ver con la difusión de ideas.
La nueva Ley de Telecomunicaciones es el punto de partida para garantizar que las radiofrecuencias, las concesiones y las plataformas nacionales no sean usadas contra el interés nacional y la dignidad humana.
El reconocimiento de Internet como un derecho humano va de la mano de medidas que garantizarán su ejercicio, como servicios de conectividad en zonas donde actualmente no existe el servicio por falta de infraestructura.
Igualmente, la nueva legislación también prohíbe la difusión de campañas de gobiernos extranjeros que afecten la dignidad de las y los mexicanos, como ocurrió recientemente con los spots antiinmigrantes de EU.
Se busca que 15 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a Internet se conecten a la red.
El punto de partida es un escenario que durante décadas excluyó a millones de la tecnología, entre otras cosas debido a una regulación burocrática que beneficiaba solo a unos cuantos.
Con esta ley avanzamos hacia un México verdaderamente incluyente, un México donde la digitalización no sea sinónimo de privilegio, sino de equidad y desarrollo para todas y todos.
En esa ruta, la nueva ley plantea la recuperación de la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, un bien público de la nación.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la instancia responsable de asegurar que nadie quede fuera de la digitalización.
Una de sus tareas será impulsar un modelo innovador de concesiones, autorizaciones y constancias de registro, privilegiando la competencia, el acceso compartido y la expansión de redes comunitarias, indígenas y afromexicanas. En ese tenor, otorga incentivos para quienes lleven conectividad a zonas rurales, marginadas y de atención prioritaria.
Igualmente, con el establecimiento de reglas claras, se propone evitar abusos en tarifas, cobertura y calidad.
Con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, avanzamos hacia un nuevo modelo, en donde el Estado mexicano recupera su papel rector para garantizar cobertura social y universal. Así, se dará acceso a personas que habían sido sistemáticamente excluidas del progreso tecnológico.
Los objetivos de la nueva regulación son muy claros. Se trata de regular la infraestructura, la interconexión, el espectro, los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de proteger a las audiencias y usuarios.
El artículo 8 otorga a la Agencia la facultad de suspender transmisiones que violen las normas. Tal disposición solo es aplicable a concesionarios de radiodifusión y de televisión restringida, particularmente en materia de defensa de audiencias y protección de los derechos de la infancia.
Ni se refiere ni puede interpretarse como aplicable a plataformas digitales o proveedores de servicios de Internet. Quienes sostienen lo contrario simplemente mienten.
En suma, el acceso a Internet, a las telecomunicaciones y a la radiodifusión ya no será más un negocio de una elite, sino una herramienta de desarrollo, educación, salud, cultura y participación para todos y todas.