Durante muchos años se aplicó una política salarial restrictiva que mantuvo deprimidos los salarios de las y los trabajadores. El argumento era que un incremento significativo provocaría inflación y afectaría al conjunto de la sociedad.
Desde el primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se puso fin a ese mito y comenzaron a aplicarse importantes incrementos al salario mínimo. Este año, el salario mínimo es ya 135 por ciento superior al vigente en 2018, lo que equivale a una recuperación del poder adquisitivo del 81 por ciento. La recuperación continuará, dado que se ha anunciado un aumento de 20 por ciento en 2024.
Esta nueva política ha conseguido reducir la pobreza por ingresos de la población y ha beneficiado a quienes ganan menos; se corrige así la injusticia que colocó a México como uno de los países con salarios de los más bajos del mundo.
En el caso de las y los trabajadores de la educación se han anunciado cada año incrementos por arriba de la inflación, en el caso de los salarios contractuales; tan solo en el presente año se acordó un aumento de 8.2 por ciento, con retroactividad a enero y un piso de 16 mil pesos mensuales con aplicación inicial hacia los que menos ganan. Los incrementos mayores fueron obtenidos por personal administrativo y de intendencia, lo que ha generado inquietud en un sector del magisterio.
Para entender el momento en que nos encontramos es preciso hacer algo de historia.
A raíz de la descentralización educativa de 1992, pactada entre Carlos Salinas de Gortari y Elba Esther Gordillo, se transfirió el personal a los estados y a partir de ese momento fueron las entidades las operadoras de los procesos de nómina y pago de trabajadores. Los gobiernos de los estados quedaron como patrones que definían los montos, en tanto que el gobierno federal transfería los recursos a través del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB); con excepción de la educación de la Ciudad de México, que se mantuvo centralizada y se ha financiado a través del Ramo 25 del Presupuesto.
Uno de los problemas más graves que se generaron a partir de la descentralización fue la discrecionalidad y falta de transparencia de los recursos educativos manejados por los estados. Los recursos del FAEB llegaban a las entidades, donde los registraban como “ingresos propios” y los utilizaban discrecionalmente en diversos conceptos como pagos de personal eventual, de honorarios, incluso pago de nómina que debía hacerse con recursos estatales. Se llegaron a presentar casos de pagos ilegales al grado que todavía hoy se tienen adeudos con el ISSSTE.
La reforma de 2013 a la Ley de Coordinación Fiscal logró que los trabajadores continuaran considerando a los gobiernos de los estados como patrones, pero los pagos serían financiados mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de manera directa a los trabajadores, eliminando así la discrecionalidad del pago. Acto seguido, en mayo de 2014, los estados y el SNTE firmaron convenios de automaticidad, a través de los que se comprometen a replicar los resultados de la negociación salarial única, es decir, ya no habría doble negociación estatal y federal, en ningún caso. Hasta antes de este convenio, las secciones sindicales negociaban en cada estado un monto salarial y a través del SNTE se negociaban prestaciones diferenciadas, según el gobernador en turno, al grado que hoy tenemos diferencias notables en los aguinaldos (de 40 días hasta 120 días). Tal fue una de las causas de la insuficiencia de recursos de la que tanto se quejaban maestros y gobernadores.
Es importante señalar que la mayoría de los maestros y maestras no están dentro del FONE, pues mediante este Fondo se paga a 850 mil docentes, el resto sigue recibiendo su pago de los estados. Precisamente en esa franja es donde existen quejas por retrasos en pagos, temas de seguridad social, pagos incompletos y otras deficiencias. El FONE es un mecanismo que paga en tiempo y forma como nunca antes se había hecho. Con su implementación se ganó en transparencia y puntualidad de los pagos a la nómina docente.
Ciertamente, es mucho camino por andar, pero es un gran paso adelante que los trabajadores de la educación que menos ganaban ahora perciban un mínimo de 16 mil pesos. En forma progresiva, como se ha hecho, se seguirán incrementando las percepciones salariales de los docentes, en un porcentaje mayor al del resto de los trabajadores de la educación.
La autora es directora general de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP