De Jefes

El nuevo Consejo Empresarial y sus dudas

El Consejo debe de convencer al gobierno que en buena medida el deterioro económico tiene que ver con políticas aprobadas y legisladas por la 4T.

Ayer se formó y tuvo reunión, en Palacio Nacional, el nuevo Consejo Presidencial para Fomentar la Inversión en México. Sin lugar a dudas, esto muestra que el gobierno busca generar más inversiones ante lo estancado de la economía nacional. Entre los empresarios convocados a este Consejo están Carlos Slim Helú, Carlos Slim Domit, Alejandro Baillères, Fernando Chico Pardo, Alfonso de Angoitia, Álvaro Fernández Garza, José Antonio Fernández Garza, Bernardo Gómez y Carlos Hank, entre otros. El Consejo no tiene una misión fácil, pues debe de convencer al gobierno que en buena medida el deterioro económico tiene que ver con políticas públicas aprobadas y legisladas por la 4T: la reforma judicial, la reforma laboral, la ley de amparo, la ley de aguas, el reabrir casos juzgados en la Suprema Corte, el retraso en las devoluciones de IVA por el SAT y sus auditorías fiscales y la extorsión. Esto sin contar la incertidumbre que los aranceles de EU han generado. ¿Lo lograrán? La otra duda en el Consejo, que se instaló a instancias de Carlos Slim Helú, es el papel que jugará el Consejo Coordinador Empresarial. No queda claro si a este Consejo de Inversión seguirá asistiendo el aún presidente del CCE, Francisco Cervantes, o, como correspondería, su sucesor, José Medina Mora será convocado. Por lo pronto, ayer no estuvo.

Aumento sin pensión mínima

El reciente aumento del 13 por ciento en el salario mínimo en la zona general, que lo eleva a 315.04 pesos diarios, y del 5 por ciento en la frontera norte, donde alcanza 440.87 pesos diarios, busca mejorar las condiciones laborales en México. Sin embargo, para Iván Navarro Morales, dirigente de la Federación de Agrupaciones Obreras (FAO), este incremento tiene un vacío crítico: el IMSS no garantiza que los pensionados reciban un ingreso equivalente al salario mínimo, especialmente aquellos bajo el régimen de la Ley 1973.

Según Navarro, aunque la Ley 73 establece que las pensiones no deben ser inferiores al salario mínimo, en la práctica los pensionados reciben montos menores, afectando a los jubilados por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y viudez.

“Esto tiene años generándose y solo estamos en espera que los nuevos magistrados si nos hagan caso para que las pensiones de los obreros en retiro sean de cuando menos en un salario mínimo. No queremos discutir si es legal o no la Unidad de Medida y Actualización y el INPC, solo como representante de trabajadores busco que cuando menos ellos tengan un salario mínimo”, dijo Navarro Morales.

Este problema ha generado miles de juicios en tribunales laborales. Incluso, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Laboral han fallado en algunos casos a favor de los pensionados, estableciendo que estos ingresos no deben ser inferiores al salario mínimo de la Ciudad de México.

Navarro Morales advierte que, aunque el aumento al salario mínimo es positivo para los trabajadores activos, no tiene impacto real si al llegar a la vejez no se respeta este derecho básico.

Además, instó a las autoridades a garantizar que los nuevos magistrados judicialicen este problema para obtener una solución definitiva.

El tema pone sobre la mesa la urgencia de reformar y garantizar la justicia en los sistemas de pensiones para cerrar la brecha entre los aumentos salariales y los derechos de los trabajadores en retiro.

IA sin ética, agresión sin freno

Mientras la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la protección para mujeres y niñas en el entorno digital parece estancada. La especialista Claudia María Rincón Pérez advierte que tecnologías como los deepfakes han amplificado la violencia de género en línea, en gran parte gracias al anonimato y la falta de regulación. Las cifras son claras: el 95 por ciento del contenido manipulado tiene fines sexuales no consentidos y casi todas las víctimas son mujeres. Pero más allá del dato, lo preocupante es la inercia institucional. Sin leyes eficaces, sin sistemas de rendición de cuentas para las plataformas digitales, sin alfabetización tecnológica con perspectiva de género, el riesgo no es solo que aumenten los ataques, sino que se normalicen. La violencia digital no es el futuro: es el presente, y la falta de respuesta también.

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