Hace un par de semanas, el director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció el inicio del proceso de “nacionalización” del Hospital General de Tláhuac, que operaba bajo un esquema de asociación pública-privada con la empresa española Sacyr.
Este modelo, que combina diseño, construcción y operación por parte de la iniciativa privada permitió que el hospital funcione con alta tecnología desde 2020. Sin embargo, Batres destacó que se busca terminar de manera anticipada y unilateral el contrato de 25 años.
La decisión de nacionalizar el hospital va en línea con procesos similares en los hospitales generales de Villahermosa, Tepic y la Clínica Hospital Mérida, además de servicios especializados como hemodinamia y anestesia.
Según Batres, el ISSSTE paga 137 millones de pesos mensuales por la infraestructura de Tláhuac, aunque análisis técnicos indican que la cifra es de 114 millones sin IVA, lo que incluye no solo la infraestructura, sino también insumos quirúrgicos y mantenimiento especializado, además de la disponibilidad total de 17 servicios críticos, incluidos ocho quirófanos, 56 máquinas de hemodiálisis y equipos de imagenología.
La unidad está sujeta a un contrato con 18 años de vigencia pendiente y fue construida y equipada mediante inversión privada, lo que implica que el Instituto no financió la obra, sino sólo su funcionamiento.
A pesar de los esfuerzos de Batres por rescatar los hospitales que operan bajo esquemas concesionados, la nacionalización del hospital de Tláhuac plantea serios desafíos. Una transición apresurada podría poner en riesgo servicios de alta complejidad, dejando en incertidumbre a más de 500 trabajadores especializados y afectando áreas críticas como hematología pediátrica, hemodiálisis y cuidados intensivos.
La estrategia de nacionalización podría fortalecer la autonomía del ISSSTE, pero también enfrenta el reto de garantizar la continuidad de servicios médicos de alta especialidad en un contexto de rezagos históricos en la atención de los derechohabientes.
Líder en ahorro hídrico cervecero
México se ha convertido en el país con el menor consumo de agua por litro de cerveza dentro de las operaciones globales de Heineken, con un promedio de 2.4 litros, informó Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México.
Un ejemplo de esta estrategia es la planta de Tecate, en Baja California, que alcanzó su balance hídrico gracias a la restauración de la Cuenca del Río Colorado.
La cervecera informó que, en colaboración con la organización Restauremos el Río Colorado, recuperó 800 millones de litros de agua entre 2019 y 2024, mediante la plantación de más de 9 mil especies de árboles y plantas, lo que ha permitido mejorar la biodiversidad local, reabastecer zonas secas y devolver flora y fauna al ecosistema.
Según Inti Pérez, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Sustentabilidad de Heineken México, la cervecera busca mantener un uso de agua de hasta 2.9 litros por litro de cerveza en zonas sin estrés hídrico, y reducirlo a 2.6 litros en áreas con mayor escasez.
Actualmente, Heineken cuenta con siete plantas, una maltera y más de 17 mil empleados en México, donde busca extender estas prácticas sostenibles a otras plantas en 2024.
Nuevo rumbo en la industria pesada
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que dirige Rogelio Arzate, anunció la designación de Alejandra Rosete Conde como directora de Comercio Exterior y Estudios Económicos, un movimiento estratégico pensado para reforzar su capacidad técnica ante un entorno global cada vez más complejo para la industria de vehículos de carga y pasaje. Con más de 15 años en negociaciones internacionales, Rosete Conde asumirá de inmediato la interlocución regulatoria, el análisis de cadenas de valor y la articulación de la industria con los mercados de exportación. Este nombramiento llega en un momento clave del sector: transiciones en origen de piezas, nuevas reglas del juego en comercio exterior y una presión creciente sobre temas de sostenibilidad, eficiencia y competencia.