La nueva Suprema Corte de Justicia pareciera ir por la destrucción de la seguridad jurídica en México. En sesión del 26 de noviembre, un bloque de los nuevos ministros del pleno pretendió imponer un polémico y preocupante criterio que abre la puerta a impugnar sentencias previamente consideradas firmes. El peligroso precedente surgió al discutir una contradicción de criterios y fue impulsado por las radicales ideas de Lenia Batres, y respaldado por los ministros Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinoza Betanzo y Hugo Aguilar. Estos ministros quieren imponer un retrógrado criterio que permitirá reabrir todos los juicios en México, a pesar de que se encuentren totalmente concluidos. Bajo el pretexto de que la figura de “nulidad de juicio concluido” aplica para todos los procedimientos, aunque la ley no lo prevea, pretenden romper con el principio de seguridad jurídica que había regido tradicionalmente en México, pues con ello se permitiría reabrir asuntos concluidos y volver a litigar decisiones que ya habían adquirido firmeza. La elección de la que fueron producto los nombramientos de los nuevos ministros les obliga a garantizar al pueblo la seguridad jurídica de las decisiones tomadas en un juicio. Sin duda alguna, esta resolución generará incertidumbre en distintos sectores, desde la percepción ciudadana de justicia hasta el clima de confianza necesario para la inversión y la actividad económica, poniendo en riesgo la estabilidad de la vida social.
Le sale caro al PRI incumplir en paridad
Al PRI le salió caro incumplir en tiempo su obligación de modificar su Declaración de Principios y Programa de Acción en materia de violencia política contra las mujeres, así como de incorporar criterios mínimos para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas, pues ayer el Tribunal Electoral confirmó la multa de 749 mil 936 pesos que le impuso el INE. A ver si a la próxima el tricolor la piensa antes de incumplir con sus obligaciones.
Alargan agonía de Javidú
Si el exgobernador de Veracruz Javier Duarte pensaba que su libertad ya estaba próxima, parece que será más complicado obtenerla. Resulta que a pocos meses de cumplir su sentencia de nueve años por desvío de recursos y asociación delictuosa, ya lo espera otra audiencia, que ayer se difirió para enero. Esta vez es por parte del Tribunal Superior de Justicia estatal, que revisará las acusaciones por desaparición forzada en su contra. Y los ánimos entre los colectivos de búsqueda no están como para más injusticias. Veremos qué pasa.
Cautela en el TEPJF
El presidente del Tribunal Electoral, Gilberto Bátiz, parece ir en serio en procurar la “colegialidad funcional”. Ayer, ante un virtual empate técnico al resolver un caso de violencia política de género que presentó una candidata a jueza, pudo haber usado su voto de calidad, mas prefirió dar pie a un mayor análisis. Resulta que sólo se acreditaban tres y no los cinco requisitos que –según el criterio usado durante nueve años– se necesitan para que se considere violencia, por lo cual Bátiz planteaba rechazar la queja. Pero como tres magistrados –entre ellos Mónica Soto y Claudia Valle– tenían postura distinta, optó por retirar su proyecto. Así, se abre la discusión y, probablemente, vendrá un cambio de criterio para que sea más sencillo acreditar actos de violencia política de género, lo cual causará problemas a más de un violentador.
Bloqueos en San Lázaro
Para garantizar que no haya otro albazo de Morena y sus aliados, diputados de PAN y PRI ya preparan un encuentro con dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano para abrirles las puertas del Palacio Legislativo. Debido a que las bancadas de los dos partidos han recibido ya a varios productores para comentar los riesgos de aprobarse la nueva Ley General de Aguas, aseguran que el movimiento les ha propuesto hasta instalarse en plantón indefinido en San Lázaro. Por lo pronto, el panista José Lixa dijo que ojalá el Congreso no vaya a salir con su “sabadazo” o un “campanazo de Navidad”.