En su penúltimo año de funciones y cuando era encabezado por Norma Piña Hernández, entonces presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incumplió la ley en materia de contrataciones públicas e incurrió en probable daño a la Tesorería por 272.4 millones de pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Una revisión forense reveló que el organismo judicial realizó pagos millonarios a proveedores sin documentación que acreditara la prestación de diversos servicios. Por éstas y otras anomalías, la ASF inició 11 procedimientos para investigar y sancionar a los responsables.
Advertencias, como llamados a misa
Otra vez, el llamado a los diputados a cumplir los acuerdos internos fue ignorado y en la última sesión ordinaria del miércoles en el pleno, el recinto volvió a lucir vacío. Por eso, el coordinador morenista, Ricardo Monreal, lanzó ayer un enésimo llamado. “Nos debemos a la población y en el movimiento que integramos tenemos que responder con seriedad, eficacia, lealtad y responsabilidad… tenemos que exigir que haya presencia en las comisiones y en el pleno”. Dijo que en “un esfuerzo para cumplir”, este lunes se tratará el tema en la reunión de la Jucopo. Más campanazos que nadie escucha.
En duda, visita a San Lázaro
Por la golpiza en sus oficinas entre diputados del PAN y el PT, la advertencia de panistas de confrontarla y por no haber las condiciones para su comparecencia, la visita de la directora de la CFE, Emilia Calleja, a San Lázaro programada para este lunes seguía en duda hasta ayer domingo al cierre de esta edición, según morenistas. El panista Federico Döring advirtió: “Veremos si este lunes (la funcionaria) se deja doblar por intereses personales”. Ante este panorama, el diputado Ricardo Monreal aclaró: “Vamos a ver si hay condiciones para la comparecencia”. Pues veremos.
Violación de leyes
El informe incluido en la segunda entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 precisa que el extinto CJF pagó a proveedores 21.4 millones de pesos sin acreditar los servicios de seguridad y vigilancia de sus inmuebles; 49.4 millones sin justificar trabajos de mantenimiento y limpieza, y 201 millones sin documentación comprobatoria por servicios tecnológicos, de impresión, digitalización y soporte especializado. Además, el órgano que estaba encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial no hizo efectiva una póliza de fianza por 431 mil pesos, derivada de que el servicio de comedor en sus instalaciones de Toluca fue suspendido dos meses por el proveedor. En total, la ASF determinó un monto por aclarar de 272 millones 437 mil 450 pesos, y concluyó que, aunque el CJF había emprendido acciones para fortalecer su sistema de control interno, no fueron suficientes para garantizar sus objetivos y la observancia, lo que vulnera los principios de transparencia, control y rendición de cuentas. Esta auditoría se realizó tras la desaparición del CJF derivada de la reforma judicial. Como parte de esa restructura, sus funciones e infraestructura fueron transferidas al Tribunal de Disciplina Judicial.
Ministra Batres: información a modo
La ministra Lenia Batres, en la última audiencia pública a personas con discapacidad, señaló que en una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley Electoral del Estado de Baja California se invalidó una norma que favorecía a las personas con discapacidad; pero lo que no dijo es que al Congreso del estado le dieron 12 meses para hacer la consulta, y tampoco dijo que gracias a la resolución de la Corte se llevó a cabo la consulta con todos los estándares internacionales, donde participaron más de mil 200 personas. Y, además, con esa sentencia se permitió a los partidos políticos cumplir con su obligación de postular candidatos con alguna discapacidad en el pasado proceso electoral. ¿Será que la ministra Lenia Batres manipula la información para imponer su criterio?