México enfrenta un dilema estructural: para crecer se requiere invertir, pero el volumen, composición y orientación de la inversión han sido insuficientes para transformar la estructura productiva, elevar la productividad y reducir las desigualdades territoriales. Para alcanzar un mayor nivel de inversión, se requiere de una estrategia integral para articular un Pacto Nacional de Inversión 2025–2035.
El dilema es que la inversión fija bruta se encuentra estancada en 20–22% del PIB, insuficiente para detonar crecimiento sostenido. Por una parte, la inversión pública limitada por baja recaudación (14% del PIB) y rigidez presupuestaria. La inversión privada concentrada en regiones desarrolladas y sectores de retorno inmediato. Uno de los problemas fundamentales es que la inversión en investigación y desarrollo (I+D), apenas si alcanza 0.5% del PIB, lejos del umbral para innovación. Si uno recorre el país, lo que encuentra es desarticulación entre actores estatales, privados y académicos.
Para alcanzar mayores niveles de inversión se requiere una estrategia nacional 2025–2035, en la cual se fortalezca la inversión pública en infraestructura estratégica (energía, agua, logística). Asimismo, se requiere impulsar la transición hacia una política industrial moderna centrada en complejidad económica; y para evitar los embates económicos se requiere crear instrumentos financieros contra cíclicos (NAFIN–Bancomext–Banobras).
Un elemento esencial será ampliar la inversión privada en manufactura avanzada, servicios digitales y sectores emergentes. Asimismo, es necesario integrar la inversión extranjera con cadenas locales y transferencia tecnológica. Se requiere reforzar el sistema de investigación e innovación mediante alianzas público–privadas.
En este esfuerzo será necesario dimensionar adecuadamente los componentes territoriales, en el Norte y Bajío: consolidación de manufactura avanzada y nearshoring; en el Centro: reconversión industrial y digitalización; en el Sur–Sureste: inversión en infraestructura, conectividad, energía y agroindustria. Un componente básico serán las ciudades intermedias en donde se deberán desarrollar polos de innovación, servicios y logística.
Para avanzar se requerirá crear mecanismos institucionales que monitoreen el proceso, se debería establecer un Consejo Nacional de Inversión que pudiera fijar metas obligatorias de inversión pública y privada por sector y región. El Consejo podría establecer ciertos incentivos fiscales condicionales a encadenamientos productivos.
Se requiere crear un Fondo Nacional de Innovación y Complejidad Productiva, en donde se logre alianzas universidad–empresa–gobierno enfocadas hacia la investigación y desarrollada aplicada. Se requiere cambiar el papel pasivo de las universidades hacia un esquema tecnológico mas agresivo en donde se mida el desempeño de las instituciones de educación superior por su vinculación con el sector productivo, y por el nivel de patentes que produzcan al año, es decir crear un Índice del volumen de I+D universitario. Sin un incremento sostenido del gasto en investigación y una masa crítica de proyectos tecnológicos, el flujo de patentes seguirá siendo limitado. Es necesario fortalecer oficinas de transferencia de tecnología y normatividad interna. Las experiencias de Estados Unidos y China muestran que las TTO con recursos, autonomía y metas claras son claves para convertir resultados de investigación en patentes y licencias efectivas. Es necesario focalizar en nichos estratégicos, dado el tamaño relativo de México, conviene concentrar esfuerzos en áreas donde las universidades ya tienen capacidades: salud, biotecnología agroalimentaria, energía, agua, manufactura avanzada, IA aplicada, entre otras. Para que los recursos se otorguen tengan el fin deseado se requiere crear mecanismos de evaluación y financiamiento basados en desempeño tecnológico, por lo que se recomienda un índice de efectividad por patentes universitarias que puedan orientar fondos competitivos y premiar la transferencia tecnológica efectiva.
El dilema de la inversión puede resolverse solo con una estrategia coordinada que distribuya responsabilidades entre Estado, sector privado, inversión extranjera y sistema de innovación. La ventana de oportunidad 2025–2035 será decisiva para posicionar a México en una trayectoria de crecimiento sostenido, equitativo y tecnológicamente avanzado.