Michoacán representa uno de los grandes contrastes del desarrollo mexicano. Con una rica historia agrícola, cultural y social, la entidad ha sido también uno de los principales epicentros de la violencia ligada al narcotráfico. Su localización estratégica —entre el Pacífico y el centro del país—, su producción agrícola intensiva y su estructura territorial fragmentada han contribuido a que organizaciones criminales encuentren condiciones propicias para controlar rutas, extorsionar productores y condicionar la economía local. La erradicación del narcotráfico en Michoacán, sin embargo, no puede entenderse solo como un problema de seguridad: requiere una reconstrucción profunda de su base económica, institucional y comunitaria.
Michoacán tiene una economía basada principalmente en tres pilares: agroindustria, comercio y servicios, y remesas. El estado es líder nacional en la producción de aguacate, berries, mango y limón, destacando regiones como Uruapan, Apatzingán y Los Reyes. Sin embargo, esta prosperidad se ve amenazada por la “narcocaptura” de la producción, en la que grupos criminales imponen cobros de piso y controlan la logística de exportación.
Aunque existe una base industrial en Morelia, Lázaro Cárdenas y Zamora, el sector manufacturero sigue siendo limitado en comparación con otras entidades del Bajío. El puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los más importantes del país, ofrece un enorme potencial para impulsar un corredor logístico e industrial de alto valor agregado, vinculado al nearshoring y al comercio transpacífico. En el primer semestre de 2025, Lázaro Cárdenas movilizó 13.4 millones de toneladas, con 61% de importaciones, 28% de exportaciones y 11% de cabotaje, atendiendo 882 buques (6% más que en 2024). También manejó 1.27 millones de TEUs, con un crecimiento anual del 14%. Su potencial es enorme ante la saturación de puertos como Manzanillo, y da una opción al movimiento de carga para integrarse a las cadenas de valor de exportación.
Otra gran fuente de ingresos son las remesas, que superan los 5 mil millones de dólares anuales, representan una fuente esencial de ingreso, pero también reflejan la ausencia de oportunidades locales. Hasta mayo el estado de Michoacán es la entidad federativa que más remesas recibió, 1,269 millones de dólares. Una gran tarea pendiente es aminorar la informalidad ya que alcanza más del 60% del empleo total, debilitando la base fiscal y la cohesión productiva.
El narcotráfico en Michoacán se consolidó a partir de tres factores principales: debilidad institucional y cooptación local: la falta de presencia estatal efectiva en regiones rurales y serranas permitió que los grupos criminales sustituyeran funciones de gobierno, desde la seguridad hasta la resolución de conflictos. La entidad tiene una economía agraria desarticulada, el auge del aguacate y otros cultivos de exportación generó riqueza sin distribución equitativa, creando tensiones sociales y desigualdades que fueron aprovechadas por organizaciones criminales.
La desarticulación productiva motivó la migración y con ello se alcanzaron vacíos generacionales: la salida masiva de jóvenes hacia Estados Unidos debilitó la estructura social y económica local, dejando comunidades vulnerables a economías ilícitas. La erradicación del predominio del narcotráfico en Michoacán no puede limitarse a la fuerza pública. Requiere un proyecto integral de reconstrucción económica, institucional y territorial en cinco dimensiones: a) Reconstrucción productiva y formalización económica: impulsar cadenas agroindustriales seguras, con trazabilidad y certificación internacional que eliminen la participación de intermediarios ligados al crimen. Crear zonas de desarrollo agroindustrial en Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Zamora, vinculadas al puerto y al corredor interoceánico. Es necesario fomentar el cooperativismo rural y el financiamiento público-productivo (a través de NAFIN y Financiera Rural) para pequeños productores.
En este entorno se requiere que las Secretarías de Educación y de Economía, establezcan un programa de desarrollo social y empleo juvenil, ampliando programas de educación técnica y digitalización rural orientados a la agroindustria, energía y logística. En este entorno solicitar a la Secretaría del Trabajo crear un programa estatal de empleo joven y reinserción laboral, con incentivos fiscales a empresas que contraten jóvenes en zonas de riesgo. Los elementos anteriores requieren de un reforzamiento institucional, en donde se establezca una policía estatal rural profesionalizada, con controles externos y participación comunitaria. Asimismo, se requiere promover presupuestos participativos municipales para garantizar que los recursos públicos no sean capturados por intereses ilícitos.
Con el fin de integrar más intensamente la economía de Michoacán se requiere integrar a Michoacán en la red de corredores logísticos del Bajío y el Pacífico, potenciando la conexión ferroviaria y carretera con Guanajuato, Colima y Querétaro.
Asimismo, se requiere invertir en energía limpia y agua, como ejes para un desarrollo territorial sostenible.
Otro gran reto es fortalecer la educación cívica, los medios comunitarios y la organización social local, impulsando una campaña cultural y educativa permanente que rescate la identidad michoacana frente a la cultura de la violencia.
El futuro de Michoacán depende de su capacidad para convertir su riqueza agrícola y cultural en un motor de desarrollo incluyente, capaz de desplazar las economías ilícitas. Erradicar el narcotráfico implica devolver al Estado su papel rector, pero también reconstruir la confianza de las comunidades, abrir oportunidades para los jóvenes y crear mercados transparentes y competitivos. Solo así, el “corazón agrícola de México” podrá transformarse en un territorio de paz, innovación y bienestar.