En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha empezado a trabajar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, el mismo se enfrentará a una serie de desafíos derivados del crítico momento político, económico y social que vive el país. Será el primero plenamente diseñado por la nueva administración federal, y por lo mismo marcará el rumbo fiscal del sexenio. No puede ser un presupuesto inercial porque el país enfrenta problemas no esperados como es la renegociación del tratado de libre comercio, un aumento de la violencia, las consecuencias del cambio climático que ha dejado grandes partes del territorio afectadas, entre otros, es un rompecabezas difícil de armar, es el primero que le tocará estructurar al nuevo secretario de Hacienda, por lo mismo tendrá que mostrar la orientación que pretende imprimir a su encargo, por lo mismo no puede ser un presupuesto inercial.
Las carencias son múltiples y las inercias son mayores, este presupuesto será una herramienta clave para implementar las nuevas prioridades políticas, pero también deberá lidiar con la herencia fiscal y la inercia institucional. Se prevé un reordenamiento del gasto, con posibles cancelaciones o transformaciones de programas existentes. Lo ideal sería transformar muchos de los programas existentes, elevar impuestos y mostrar la voluntad de cambio de la nueva administración.
La administración anterior dejó al nuevo gobierno un elevado nivel de gasto y un déficit fiscal cercano al 5% del PIB en 2024. Esto limita el margen fiscal y presiona por una corrección que evite el deterioro de la calificación crediticia del país. El servicio de la deuda representará un porcentaje creciente del gasto público. El gobierno actual está en una coyuntura ya que la economía se encuentra estancada, que en términos de bienestar significa un decrecimiento, y se tiene que reconocer que el presupuesto presenta rigideces estructurales. Un porcentaje significativo del gasto está comprometido en pensiones, participaciones federales y el servicio de la deuda, lo que deja poco espacio para nuevas iniciativas, inversión pública o reingeniería del gasto. Se han anunciado nuevas obras de infraestructura para fortalecer las comunicaciones, son obras en sí mismas necesarias para agilizar el movimiento de carga y de pasajeros, se pudiera señalar que el fenómeno del nearshoring exige una fuerte inversión en infraestructura logística, energética y de conectividad. Sin embargo, los proyectos necesarios son de mediano plazo y costosos. Incorporarlos en el presupuesto exigirá mecanismos de financiamiento multianual y alianzas público-privadas, con el problema de que la inversión privada nacional e internacional no ha concretado proyectos concretos. Los parques industriales que se han anunciado no se concretan y no parece haber fecha para ponerlos en marcha. En esa perspectiva se requiere que los proyectos se hagan públicos y muestren los efectos multiplicadores que se espera que detonen en el período 2026-2030 para impulsar un mayor crecimiento. La continuidad o reestructuración de proyectos de infraestructura ya en marcha como el Tren Maya, o el Interoceánico exigirá un análisis técnico y financiero. Su mantenimiento o cancelación tendría implicaciones presupuestarias, políticas y sociales.
A los retos del sector productivo se suma que la Administración enfrenta el reto del gasto social, las presiones para ampliarlo provienen de compromisos de campaña. Esto incrementa aún más la rigidez presupuestal, especialmente si no se acompaña de una ampliación de la base recaudatoria, tal como lo ha mencionado en su columna del lunes Enrique Quintana.
La elaboración del presupuesto 2026 se da en medio de un contexto financiero global adverso, ya que es de esperar que se mantengan tasas de interés elevadas, por lo que una mayor volatilidad cambiaria o presiones inflacionarias podrían afectar las proyecciones macroeconómicas del presupuesto, complicando su ejecución.
Aunque el nuevo gobierno cuenta con mayoría en el Congreso, deberá negociar con gobiernos estatales, actores sociales y sectores productivos para garantizar una aprobación sin conflictos. También será clave evitar judicializaciones en caso de recortes presupuestales controvertidos.
Es necesario establecer un marco fiscal de mediano plazo con metas claras de consolidación, para lo que se requiere realizar una evaluación de impacto y eficiencia del gasto público. Dentro de este programa es necesario diseñar una ruta de reforma fiscal que permita aumentar la recaudación sin afectar la equidad. Ante la insuficiencia de recursos públicos es necesario impulsar la inversión mediante esquemas mixtos con el sector privado, y se requiere fomentar una mayor transparencia y participación en la elaboración presupuestal.
El presupuesto 2026 será clave para definir la viabilidad económica y política de la actual administración por lo que se requiere enfrentar sus retos con responsabilidad y visión estratégica es esencial para garantizar estabilidad, crecimiento y bienestar social.