La revocación de mandato al presidente en 2022 no fue un ejercicio surgido de la ciudadanía, sino una operación impulsada desde el poder para robustecerse.
Ahora, se quiere otra reforma constitucional para que en 2027 coincidan las elecciones federales, las locales y las judiciales con la revocación de mandato.
Es oportuno recordar en diez hechos la simulación que significó la experiencia previa y ofrecer un colofón.
Uno. Un ejercicio concebido “desde arriba”. La idea de la revocación de mandato no surgió de la sociedad ni fue un reclamo democrático “desde abajo”, sino una propuesta de reforma constitucional hecha por el presidente en funciones, aprobada en 2019.
Dos. Una norma de aplicación retroactiva. López Obrador fue electo para un periodo de cinco años y diez meses. Al permitir en los transitorios de la reforma que la revocación le pudiera aplicar a él, se atentó contra el mandato de las urnas de 2018. No era un impeachment, sino una escenificación.
Tres. Omisión legislativa. Al incluir la figura de la revocación en la Constitución, el Congreso se dio un plazo de 180 días para elaborar la ley secundaria, pero la aprobó hasta 630 días después, ya con el proceso en marcha. Además, la Cámara de Diputados recortó al INE presupuesto para hacer la consulta.
Cuatro. Engaño a los ciudadanos. La revocación de mandato es un instrumento que se activa por “pérdida de confianza” en el gobernante. Pero los promotores de la revocación de 2022, afines al gobierno, pedían firmas para una figura inexistente en el marco jurídico mexicano: la “ratificación de mandato”.
Cinco. Firmas falsas y complicidad del Tribunal Electoral. El Tribunal impidió que el INE exigiera el uso exclusivo de una aplicación electrónica, que evita la falsificación de firmas, para recabar apoyos a la revocación. Con todo, el INE detectó que los promotores entregaron casi 18 mil firmas de difuntos, de más de 40 mil credenciales caducadas y de mil 200 presos.
Seis. Una pregunta con trampa. En la ley de revocación, el Congreso incluyó la siguiente pregunta, que en realidad son dos y no se puede responder con un sí o un no: “¿estás de acuerdo en que a (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”. Tal redacción se impugnó ante la Corte y solo cuatro ministros de once la consideraron válida. Pero como se requerían los votos de ocho ministros para declarar la inconstitucionalidad, la pregunta subsistió.
Siete. Interferencia de gobernantes. Los servidores públicos tienen prohibido hacer proselitismo en la revocación, pero el presidente, los gobernadores y miembros del gabinete intervinieron. El INE emitió 28 medidas cautelares contra esas conductas ilegales.
Ocho. Recursos opacos. En todo el país aparecieron miles de anuncios espectaculares impulsando “Que siga AMLO”. El INE, en sus investigaciones para saber quién pagaba esa millonaria campaña anónima, requirió, entre otros, al metro de la Ciudad de México sobre la colocación de tal publicidad. La respuesta fue que una ciudadana sufragó el gasto. Esa persona física era, a la vez, la apoderada legal de una empresa contratista con el gobierno capitalino. Un típico esquema de financiamiento ilegal de campañas.
Nueve. Baja participación. 92.8 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas el 10 de abril de 2022. Votaron solo 16.5 millones, apenas el 17.7 por ciento del listado nominal. Más de ocho de cada diez ciudadanos desairaron el ejercicio.
Diez. Nulo efecto legal. La Constitución exige que, para que la revocación de mandato sea vinculante, debe participar al menos el 40 por ciento de la lista nominal. Como no participó ni la mitad de lo requerido, la revocación careció de efecto alguno: un total desperdicio de recursos.
Tras aquel anodino ejercicio, ahora se propone mezclar la revocación de mandato con las elecciones de 2027.
Colofón: en un panorama marcado por una profunda crisis de inseguridad, con un entorno externo de los más complejos e inestables de las últimas décadas y con una economía sumida en un largo estancamiento, más valdría no jugar a aprendices de brujo.
Que la presidenta concluya en 2030 el mandato para el que fue electa y que las elecciones federales de 2027 sirvan para su propósito constitucional vigente: renovar la Cámara de Diputados, con 300 legisladores de mayoría relativa y 200 plurinominales. Punto.