Está en marcha una reforma electoral que puede revertir las reglas e instituciones que se construyeron en la democratización. El gobierno ha dicho que busca eliminar la representación proporcional en el Congreso, reducir el financiamiento a los partidos políticos, elegir por voto popular a las autoridades electorales, disminuir la estructura profesional y permanente del Instituto Nacional Electoral y cerrar las autoridades locales. Para justificar esa operación política, que no surgió de un reclamo democrático sino desde el poder, el Ejecutivo anuncia una encuesta para que la ciudadanía “se pronuncie” sobre sus propuestas (El País, 04/08/25). Serían los humores públicos, no la deliberación ni los consensos políticos, los que definan las leyes y hasta el contenido de la Constitución. Veamos a dónde puede conducir tan sui géneris método legislativo.
En América Latina, desde hace treinta años existe una robusta encuesta que mide las opiniones de las sociedades de la región sobre la democracia, acerca de las pulsiones autoritarias, la satisfacción con la economía, la percepción de temas como la inseguridad, así como la confianza interpersonal y en las instituciones. Se trata del Latinobarómetro.
Gracias al Latinobarómetro, se sabe que, si bien la democracia suele tener un apoyo mayoritario de la población en México y en América Latina, no gozan de similar respaldo las instituciones clave de la democracia, sin las cuales esta no es posible, como los partidos políticos y el Congreso. Aunque esa resulte la opinión mayoritaria, los estudiosos de la política y los actores comprometidos con la democracia saben que, sin partidos, parlamento y división de poderes, la democracia fenecería y, por tanto, a nadie se le había ocurrido —al parecer hasta ahora— que la popularidad de una u otra institución o figura determinara su existencia.
El Latinobarómetro da cuenta de que estas sociedades son las más desconfiadas en todo el planeta. Si nos guiásemos por las filias y fobias populares para definir al régimen político, sus reglas e instituciones, podríamos acabar en terrenos inhóspitos. Vale conocer, entonces, las afinidades y aversiones políticas de la sociedad mexicana.
Las dos ediciones más recientes del Latinobarómetro, 2023 y 2024, ofrecen la valoración social en México sobre 18 instituciones. Solo seis, un tercio, despiertan entre la población más opiniones favorables que negativas, esto es, que la suma de quienes dicen tener mucha o alguna confianza en ellas es mayor que la de los que afirman tener poca o ninguna confianza. Sintetizo los datos de más a menos valoración pública (los números se refieren a porcentajes y cuando no suman 100 es por la no respuesta):
1. Bomberos: positiva, 78; negativa, 22.
2. Presidencia: positiva, 67; negativa, 32.
3. Autoridad electoral: positiva, 56; negativa, 42.
4. Fuerzas armadas: positiva, 52; negativa, 46.
5. Gobierno: positiva, 52; negativa, 48.
6. Iglesia: positiva, 51; negativa, 47.
7. Compañías nacionales: positiva, 46; negativa, 51.
8. Bancos: positiva, 40; negativa, 58.
9. Compañías internacionales: positiva, 36; negativa, 60.
10. Poder Judicial: positiva, 35; negativa, 62.
11. Radio: positiva, 34; negativa, 64.
12. Redes sociales: positiva, 33; negativa, 62.
13. Parlamento: positiva, 32; negativa, 65.
14. Diarios: positiva, 30; negativa, 65.
15. Sindicatos: positiva, 30; negativa, 69.
16. Partidos políticos: positiva, 30; negativa, 69.
17. Televisión: positiva, 30; negativa, 69.
18. Policía: positiva, 28; negativa, 71.
Como se ve, la desconfianza es la actitud predominante sobre el grueso de los temas. Si por popularidad fuese, habría que prescindir de la policía en primer lugar, así como de los partidos, sindicatos, medios de comunicación, Poder Judicial, sistema bancario, empresas nacionales y extranjeras.
Mas la desconfianza no es solo hacia las instituciones. En México, solo 26 por ciento afirma que se puede confiar en la mayoría de las personas y 73 por ciento dice que “uno nunca es suficientemente cuidadoso en el trato con los demás”. Si tales pulsiones son la guía, no bastaría con acabar con los plurinominales y el dinero a los partidos, sino que habría que desterrar a los vecinos indeseables, que somos todos. Legislar por fobias es una ruta cierta para acabar con la convivencia civilizada.
Por mera popularidad, quedarían los bomberos. Pero dado el resorte autoritario que late tras la reforma, en un descuido serían aquellos que imaginó Ray Bradbury en Fahrenheit 451.