La Presidencia anunció una reforma electoral que plantea reducir la representación parlamentaria del pluralismo, elegir a las autoridades electorales como se hizo con los jueces, acotar la estructura profesional del INE y recortar el financiamiento público a los partidos, lo que comprometería la equidad en las contiendas. No debería ser necesario insistir en que, sin elecciones auténticas y competidas, todo el edificio estatal termina por carecer de legitimidad democrática, que sin comicios creíbles se daña incluso a quienes resulten triunfadores en ellos.
México es un país de una vasta pluralidad política, que no cabe en un modelo de partido prácticamente único. Eso revelan con claridad los resultados electorales: en las elecciones trianuales a la Cámara de Diputados, la última vez que un partido tuvo más de la mitad de los votos fue en 1991. Llevamos tres décadas y media sin partido mayoritario: somos un país de múltiples minorías y solo la democracia es capaz de permitir la coexistencia civilizada de tan amplia pluralidad social.
No hay por qué ir a ciegas hacia el barranco autoritario: hay otras rutas para mantener y mejorar un sistema electoral sólido, confiable, que sea parte de la solución de los problemas y no una fuente de conflicto mayúsculo para la convivencia de la diversa sociedad mexicana.
La convicción de que es posible y deseable contar con elecciones limpias, equitativas y confiables llevó al Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), del que soy integrante, a formular una propuesta alternativa de reforma electoral.
Subrayo de forma telegráfica cinco ejes sustantivos de la propuesta del IETD:
Uno. Fortalecer la representación del pluralismo, acabando con sobrerrepresentaciones artificiales que el voto ciudadano no otorga. Que en la Cámara de Diputados cada partido tenga un porcentaje de legisladores equivalente al porcentaje del sufragio popular obtenido. Eso se logra con 250 diputados de mayoría relativa y 250 plurinominales. Es la mejor manera de garantizar el principio democrático de igualdad del voto.
Dos. Recuperar la esencia del pacto federal en el Senado, reflejando el pluralismo real de los estados. Basta con que en cada una de las 32 entidades se elija a cuatro senadores (para llegar a los 128 actuales) con un criterio de proporcionalidad directa. Cada entidad será representada por la pluralidad que su ciudadanía determine.
Tres. Rescatar la autonomía e independencia de las autoridades electorales. Los árbitros electorales tienen la misión de organizar comicios competidos y confiables, no de congraciarse con el poder. México tuvo elecciones creíbles cuando contó con autoridades imparciales, reconocidas por los diferentes actores políticos. Es indispensable que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal surjan de un amplio acuerdo político: que sean designados con una votación calificada de tres cuartas partes (75 por ciento) del Senado.
Cuatro. Preservar el profesionalismo y la calidad en la organización electoral. Eso sólo es posible si se mantiene el Servicio Profesional Electoral del INE, al que se llega por concurso de oposición público y se permanece si se acredita la capacitación permanente y se aprueban las evaluaciones.
Cinco. Equidad en la competencia y blindaje contra el dinero sucio en las campañas. Las elecciones competidas y creíbles en México iniciaron cuando se acordó que el financiamiento público a partidos y candidatos debería ser preponderante y se distribuyó con equidad. Retirar el financiamiento público sería invitar a que el dinero opaco e ilegal invada toda la vida política electoral. La mitad del financiamiento público deberá distribuirse de forma igualitaria y el otro tanto según el porcentaje de votos de cada partido.
Como se ve, existen propuestas para avanzar en una ruta de expansión democrática y no de cerrazón autoritaria.
La ley electoral regula la siempre delicada disputa por el poder político, por lo que su confección y contenido deben ser fruto del consenso democrático y no de la imposición. Si México se democratizó, si alcanzó las alternancias, si partidos de muy diversas ideologías llegaron legítimamente al poder, es porque antes se definieron reglas escritas con la participación y el acuerdo de todos los jugadores, de mayorías y minorías, de gobernantes y oposiciones. No se pide algo distinto.