La construcción democrática de la división de poderes en México que llevó décadas conquistar fue derruida en sólo unos meses. Se trató de una operación autoritaria que ha de ser documentada. Va un breve recuento de diez hechos verificables.
1. La plataforma electoral registrada para la votación de 2024 por la coalición de Morena no menciona la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Fue el presidente López Obrador quien lanzó la propuesta. No fue fruto de un reclamo ciudadano o popular, sino una instrucción desde el gobierno para eliminar la independencia de un Poder Judicial que le había hecho contrapeso.
2. En la elección de junio de 2024, la coalición oficialista recibió el 54 por ciento de los votos al Congreso de la Unión. Quedó más cerca de no alcanzar la mayoría simple que de conseguir la mayoría calificada (67 por ciento). La ciudadanía no dio a los partidos del gobierno el respaldo para cambiar la Constitución.
3. Como las urnas no produjeron la mayoría calificada, ésta se obtuvo violando la Constitución, la cual especifica que no puede haber más de ocho puntos de diferencia entre porcentaje de votos y de diputados. Siete consejeros del INE y cuatro magistrados del Tribunal Electoral regalaron al gobierno una sobrerrepresentación de 20 puntos: 54 por ciento de votos se convirtieron en 74 por ciento de diputados. La pérdida de independencia y autonomía de las autoridades electorales permitió el atropello.
4. En el Senado la coalición del gobierno no obtuvo la mayoría calificada. El gobierno la logró gracias al transfuguismo de dos senadores del PRD, la ausencia en el pleno de uno de Movimiento Ciudadano y la amenaza de prisión a otro del PAN, reconvertido a Morena. La compra y la extorsión fueron los instrumentos que, a plena luz del día, usó el gobierno para concretar la reforma.
5. En apenas dos días y sin discusión alguna, 17 congresos locales aprobaron la reforma constitucional. Fue anulado el Poder Legislativo a nivel federal y local que, en vez de representar a la ciudadanía plural, obedeció al presidente.
6. Por primera vez en decenios, la Constitución se modificó sin el concurso de la oposición. La reforma fue una imposición y no un acuerdo. El texto de la Carta Magna dejó de ser fruto de un pacto político; su contenido fue dictado por una persona, como sólo puede ocurrir en regímenes no democráticos.
7. Cuatro ministros de la Corte impidieron que se frenara la reforma judicial. La mayoría de los ministros, siete, respaldó el proyecto que proponía revertir la remoción de jueces y magistrados. Mas el sorpresivo cambio de criterio de un ministro, de último momento, consumó la pretensión del gobierno.
8. Todas las candidaturas a jueces, magistrados y ministros surgieron del Ejecutivo y el Legislativo, en manos del mismo partido político. Fue tan desaseado el procedimiento que los propios líderes parlamentarios de Morena pidieron retirar decenas de candidaturas que previamente habían avalado e inscrito por no cumplir con los requisitos o por vínculos con el crimen.
9. En la elección se rompió el principio del voto universal y el de igualdad del sufragio. Cargos judiciales de competencia nacional, como los juzgados y tribunales de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sólo pudieron ser votados en algunos distritos de la Ciudad de México, excluyendo a más del 98 por ciento de los posibles electores. Además, en algunas entidades se pudo votar por más jueces y magistrados que en otras: en San Luis Potosí se sufragó por diez magistrados federales, mientras que en Campeche o Colima se pudo votar solo por dos. El ciudadano de una entidad tuvo cinco veces más votos que los de otras. Sin igualdad del voto no hay elección auténtica.
10. Ínfima participación. El sistema de cómputos del INE mostró, con 92 por ciento de las actas computadas de la elección a la Corte, una participación ciudadana de apenas 12 por ciento. Nueve de cada diez electores dieron la espalda al ejercicio. La pretensión de dar legitimidad popular a los juzgadores fracasó, pero no así la determinación autoritaria de concentrar el poder de la República en una sola persona que dispondrá ya del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.
Se ha consumado un crimen autoritario contra la democracia constitucional. Será largo el camino para recuperar la división de poderes. Pero es preciso empezar por documentar el democidio: los hechos son inocultables.