Las amenazas no sólo son externas; en México avanza la destrucción interna del Estado de derecho. Al sinsentido de la elección judicial se suma la burla a los principios básicos de una votación genuina. Veamos.
La geografía electoral es el territorio donde la gente vota y desde el que se define la representación. En una elección nacional no hay duda: todo el territorio es la unidad y a cada ciudadano le corresponde un sufragio con idéntico peso.
Piénsese ahora en la geografía electoral para conformar al Congreso de la Unión. Al elegir al Senado que representa el pacto federal, la geografía está delimitada por el territorio de cada entidad que conforma a la Federación. El criterio es diáfano: la geografía es la del mapa político de México.
En la Cámara de Diputados, los 300 uninominales se eligen en ese número de distritos electorales federales. La Constitución es nítida en las reglas para confeccionar los distritos: a partir del censo nacional de población, al inicio de cada década, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe dibujar el mapa distrital procurando que viva el mismo número de habitantes, los representados, en cada distrito. Así se garantiza la igualdad en la representación.
Las lógicas anteriores, transparentes y comprensibles, no aplicarán, sin embargo, en la elección de jueces y magistrados federales. El primero de junio, la ciudadanía que acuda a las urnas votará en uno de los 60 “distritos judiciales electorales”, que es un término que no está en la Constitución, sino que fue inventado por el INE. Esos distritos judiciales no se corresponden con los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación ni tampoco adoptan un criterio de distribución poblacional.
Nótese el contraste entre un mapa distrital serio, el que marca la Constitución para la Cámara de Diputados, versus el improvisado para la elección judicial.
La distritación para la Cámara de Diputados tiene las siguientes características: parte de la población total registrada en el censo de 2020 y le asigna a cada entidad federativa el número de distritos que le correspondan según su peso demográfico, sin que alguna entidad pueda tener menos de dos distritos. Con esa sencilla regla, a la entidad más poblada del país, el Estado de México, con 17 millones de habitantes (13.5 por ciento de la población), le corresponden 40 distritos de 300 (13.3 por ciento). La Ciudad de México, con 7.3 por ciento de la población, cuenta con 22 distritos (7.3 por ciento). A Colima, la entidad con menos gente, 731 mil personas (0.7 por ciento de los habitantes), le correspondieron dos distritos (0.66 por ciento). Y así se puede ir entidad por entidad: el peso de la representación política coincide con el peso demográfico. No importa dónde viva la persona: tiene el mismo derecho a la representación.
En cambio, en la elección judicial, la distribución poblacional de los “distritos judiciales” es arbitraria, con enormes asimetrías entre los distritos asignados a cada entidad federativa. Por ejemplo, aunque Jalisco y Veracruz tienen pesos poblacionales equivalentes (6.6 y 6.4 por ciento), Jalisco dispone de cuatro distritos, el doble que Veracruz. Chiapas tiene casi ocho veces más habitantes que Colima, pero ambos tienen un solo distrito. Y, así, las desproporciones se repiten y multiplican.
Otro caso extremo: la Ciudad de México tendrá once distritos electorales judiciales, mientras que el Edomex, con 7.8 millones de habitantes más, sólo contará con tres distritos. El distrito promedio en el Estado de México tendrá 5.7 millones de habitantes y uno en la Ciudad de México, 837 mil, una diferencia de 6.8 veces. Ergo: en la elección de jueces, un capitalino contará casi siete veces más que un mexiquense. Si en vez de habitantes se consideran electores, la desproporción se mantiene.
Una elección donde la igualdad del voto está cancelada de antemano no puede considerarse auténtica: simulan la democracia para acabar con la democracia.
PD: La renovación de los poderes judiciales locales no va mejor. En Durango hay 49 candidaturas para 49 cargos en disputa, pues cada poder local (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) postuló exactamente los mismos nombres que los otros dos poderes. El gobernador surgió del PAN y el PRI; el Legislativo está bajo control de Morena, pero ello no impidió el contubernio para repartirse a todos los jueces y magistrados: cada candidato único y común ya tiene asegurado su “triunfo”. Impudicia pura.