El diecisiete de este mes finalmente entró en vigor la llamada reforma de Competencia. Como se preveía, en los últimos minutos de junio y los primeros de este mes, fue aprobada por el Poder Legislativo esta reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (“LFCE”) en autentico fast track y prácticamente como la envió el Ejecutivo. Este cambio va de la mano de la nueva legislación de telecomunicaciones que se ha discutido tanto. Los principales cambios que esto implica para el sistema de competencia son los que se preveían respecto a la creación de la nueva autoridad de competencia en el país: la Comisión Nacional Antimonopolio (“CNA”), mayores sanciones, reducción de tiempos y otras que le referí en este espacio.
La CNA sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y asumirá también las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de competencia económica. Aunque en términos generales la reforma mantiene la esencia del marco jurídico actual, en esta coyuntura existen áreas de incertidumbre que merecen especial atención: el periodo de transición, los nombramientos de los comisionados, la coordinación con las autoridades de telecomunicaciones y el presupuesto asignado a la nueva autoridad.
Durante el periodo de transición, tanto la Cofece como el IFT continuarán ejerciendo sus funciones, hasta que la CNA quede formalmente integrada con la designación de su pleno de cinco comisionados. Este proceso requiere que el Ejecutivo proponga a los candidatos, quienes deberán ser ratificados por el Senado, y posteriormente se designe a la persona comisionada que presidirá la CNA. Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los posibles comisionados, aunque se espera que Andrea Marván continúe liderando la autoridad de competencia, dada su experiencia y el papel clave que desempeña como presidenta de la Red Internacional de Competencia Económica. La selección de perfiles con integridad, capacidad técnica e independencia será crucial para garantizar la eficacia del nuevo regulador. Como sociedad, es fundamental vigilar y evaluar cuidadosamente a quienes sean propuestos para estos cargos.
Por ahora, los procedimientos en IFT y Cofece siguen sus plazos, salvo por las investigaciones en curso que ya se encuentran suspendidas hasta la integración del nuevo pleno. Los procedimientos en materia de competencia económica, así como los relacionados con preponderancia y participación cruzada que hayan iniciado antes de la integración del pleno de la CNA, continuarán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento. Una vez que la CNA entre en funciones, asumirá los asuntos en trámite y, hasta que emita su propio estatuto orgánico y disposiciones regulatorios, aplicará las normativas, criterios y lineamientos actuales a los nuevos procedimientos que inicie durante el periodo de transición. Tras la designación de la persona comisionada presidenta, la CNA deberá registrarse ante el Registro Público de Organismos Descentralizados para iniciar formalmente sus operaciones. Los actos emitidos por la Cofece y el IFT mantendrán todos sus efectos legales.
La reforma transfiere las facultades del IFT en materia de competencia económica a la CNA, pero persisten dudas sobre la coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, lo que podría generar (nuevamente) problemas de “doble ventanilla”.
Uno de los retos más importantes será asegurar que la CNA cuente con los recursos necesarios para cumplir con sus ampliadas funciones. Sin un presupuesto adecuado, el regulador difícilmente podrá operar de manera eficiente. Considerando la ampliación de facultades y la reducción de plazos y procedimientos, la CNA requerirá un presupuesto significativamente mayor al que tradicionalmente se asignaba a la Cofece, que oscilaba entre 500 y 700 millones de pesos anuales.
Es fundamental que los periodos de transición y los nombramientos se realicen con prontitud y transparencia, y que la nueva agencia cuente con los recursos necesarios para cumplir con su mandato. De lo contrario, existe el riesgo de que México no cumpla cabalmente con sus obligaciones constitucionales y los compromisos internacionales en materia de competencia económica. La atención y vigilancia de la sociedad y el sector empresarial serán determinantes para el éxito de esta reforma.