Hay diversas perspectivas al respecto, pero sin duda se requiere generar un espacio para analizar y discutir un mejor marco regulatorio para un tema desatendido en el país.
Tenemos un rezago enorme cuando se compara este tipo de leyes y protección en otras jurisdicciones, lo que afecta a comerciantes y consumidores por igual. Las empresas están expuestas cada vez más a conductas anticompetitivas que deben ser atendidas en sus varios frentes y manifestaciones y las leyes actuales no cubren estos temas suficientemente. La siguiente Legislatura debería considerar este tema como uno de sus pendientes importantes.
El tema viene ahora a la discusión pues hace unas semanas, poco antes de finalizar el periodo legislativo, se presentó una iniciativa en el Senado de la República para discutir una nueva Ley Federal de Competencia Justa, por parte del senador Rafael Espino, del grupo parlamentario de Morena. Aunque los tiempos para aprobar una nueva ley como esta, claramente eran muy complejos, la propuesta dejó en la mesa la idea de esta necesidad regulatoria.
La propuesta es básicamente una ley de competencia desleal como existen en varias jurisdicciones y que, efectivamente, no existe una regulación completa del tema en México. Aun cuando ha habido algunas modificaciones al Código de Comercio (2005) en este sentido y existen temas relacionados previstos en las normas de propiedad industrial, esto ha resultado insuficiente.
En la exposición de motivos, el senador Espino argumenta que se necesita mejorar el sistema de protección a la libre competencia, en especial ante la intensificación de prácticas hostiles y desleales en el comercio, lo que en otras jurisdicciones avanzadas está regulado. Dentro de este tipo de conductas el documento refiere a publicidad engañosa, precios predatorios, robo de empleados y aprovechamiento de información confidencial, entre otras. Estos temas se presentan cada vez más en el mercado mexicano y ante la falta de claridad en su regulación y tratamiento, muchas empresas se han aprovechado para realizar conductas cada vez más dañinas y flagrantemente contrarias al comercio.
La iniciativa argumenta también que esta regulación es necesaria para la “armonización con el marco internacional” y cumplir con tratados y convenios internacionales como el T-MEC. Se argumenta que hay disposiciones sobre competencia desleal en México, pero se encuentran dispersas e incluso han quedado obsoletas con el avance tecnológico. De acuerdo con el senador, se requiere un complemento a lo ya regulado en la legislación de competencia económica; directamente atendiendo este riesgo, se dice que esta nueva ley sería para prevenir y remediar afectaciones al mercado sin importar el tamaño de la empresa, lo que garantizaría, dice la iniciativa, una protección más amplia y equitativa a empresarios y consumidores que lo previsto como prácticas monopólicas.
En la iniciativa no es del todo claro el bien jurídico a tutelar por una ley de competencia justa como la propuesta, pero cuando se analiza la experiencia internacional, parecería que la confusión es generalizada. Mientras algunos opinan que con leyes de competencia desleal o comercio justo se protege la honestidad en el comercio, otros aducen a la libre competencia (que ya se protege a través de las leyes de competencia) o a temas un poco más heteros como la honestidad, la fama del comerciante o la transparencia comercial.
Sin entrar a los detalles de las disposiciones específicas, coincido con la postura del senador sobre el hecho de que la materia debe ser regulada de forma especial y separada de la regulación de propiedad industrial y la regulación del consumidor, entre otras. Igual parecería que no es necesario tocar la legislación de competencia económica, pero es importante estudiarlo de la mano con los temas de arreglo institucional y congruencia del sistema en general, dado el objetivo final de asegurar el correcto funcionamiento del mercado.