Dentro de las múltiples reformas que se han realizado al aparato de impartición de justicia y que han sido defendidas de manera vehemente tanto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, es evidente que la ecuación no estará completa hasta en tanto no se incluya también una revisión a fondo del funcionamiento de las fiscalías en nuestro país.
Los riesgos asociados a litigios, denuncias o carpetas de investigación en muchas ocasiones provienen del mismo aparato de procuración e impartición de justicia, que comete filtraciones sin importar que afecten la secrecía de las indagatorias, poniendo en riesgo a denunciantes y defensores.
La secrecía de las investigaciones ligadas a denuncias penales tiene como finalidad justamente que estas puedan llevarse con discreción y sin alertar a un probable delincuente de que está siendo investigado, y evitar una fuga o maniobras tendientes a desvirtuar las conclusiones de la misma, amenazas o intimidaciones.
Es por ello que preocupa que en la Fiscalía de la Ciudad de México, que dirige Bertha Alcalde Luján, parecen haber posibles filtraciones en el peor de los casos o policías de investigación incompetentes y timoratos en el mejor. Cualquiera que sea el caso, es muy grave.
Y para muestra, basta un botón, como es el caso que afecta a la denunciante de la carpeta CI-FIEDF/T/UI-S/D/136/02-2025 —Centro de Atención Médica Integral, S.A.— que obra ante la fiscalía de delitos financieros.
Ya que, a decir de dicha persona, parece ser que el denunciado se enteró de que está siendo investigado de la manera más absurda —y por lo tanto poco creíble— que se tenga conocimiento, lo que afecta el equilibrio propio de una denuncia cuyos hechos se encuentran en proceso de investigación.
Según refiere la denunciante, parece ser que el denunciado solicitó tener acceso a la carpeta de investigación —de la que no debería tener conocimiento— manifestando ante la fiscalía respectiva que un buen día se encontró con dos personas que sacaban fotos de su casa y, al preguntarles por qué lo hacían, los agentes soltaron toda la sopa y le informaron que estaba denunciado y hasta le dieron el número de la indagatoria, y según indica la denunciante, en la carpeta no existe ninguna orden de ir a sacar fotos de nadie ni de nada.
De ser esto cierto, los policías de investigación encargados del tema son o extremadamente incompetentes o extremadamente corruptos.
En teoría, los agentes deben estar capacitados para actuar con discreción y también para enfrentar situaciones como las que se describen por quien dijo llamarse Samuel “N” en oficio presentado ante la fiscalía correspondiente para solicitar que le den acceso a la carpeta que obra en poder de la denunciante.
La fiscalía accedió a su solicitud y el denunciado pudo conocer la denuncia el pasado día 30. Consummatum est.
Atrás quedaron los tiempos de los llamados “amparos buscadores”, que se presentaban ante la justicia federal para que fueran estas autoridades a quienes las fiscalías informaran sobre la existencia de denuncias en contra de algún ciudadano.
No, en la fiscalía de Bertha Alcalde, eso ya no es necesario.
Basta con encontrarse con unos PDI timoratos o ambiciosos que a la primera pregunta se sienten descubiertos, y dan santo y seña de lo que, en teoría, deberían guardar con sigilo.
Uno pensaría que la secrecía de las investigaciones se cuidaría sin cortapisas, pero al contrario, esta nueva técnica jurídica parece ser muy eficaz, lo que no se sabe qué costos tenga.
Sería bueno pedir al coordinador general de Estrategia, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, informe si es cierto que pueden lograrse esos atajos en procesos confidenciales, al fin que en tiempos de la 4T, todo es posible… hasta lo que debiera ser secreto.