El artículo 60, numeral 8, de la Ley Orgánica del Congreso General establece de manera exacta y sin lugar a interpretación que los senadores de la República deben de rendir protesta como todos los funcionarios públicos, misma que termina con la famosa frase “si no lo hicieren así, que la nación se los demande”. Esta frase encierra un compromiso bilateral, entre gobernantes y gobernados, en el que los primeros deben de respetar la constitución y las leyes, y los segundos deben de demandárselo a quien no lo hiciera así; al fin y al cabo, son empleados de la ciudadanía. Dicha disposición no establece los mecanismos para dicha acción por parte de la ciudadanía, por lo que dado que vivimos en un régimen de facultades expresas en que la ciudadanía puede hacer todo lo que no esté prohibido y todo lo que esté permitido, pues el justo reclamo a la violación al juramento de los funcionarios puede hacerse de cualquier manera dentro de los límites de la civilidad y el respeto.
¿Es correcto increpar a un senador por su incompetencia? Sí, lo es. Cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo en cualquier lugar, porque ellos —los legisladores— se comprometieron a aguantar vara cuando “la nación se los demande”. El problema se da cuando el demandado es un hombre cuya pequeñez y complejos lo hacen creerse rey, por encima de los demás, y considerar que por un cargo tiene derecho a humillar y sobajar a un ciudadano por ejercer el derecho de expresarle sus inconformidades. Si a este personaje no le gusta que le reclamen y le pidan cuentas, entonces no debe ser tan hipócrita de hacer un juramento para que la nación se lo demande.
Estos políticos, cuya incompetencia sólo se equipara a su arrogancia, deben saber que la nación somos todos, no sólo los que simpatizan con ellos o con su movimiento. Todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir que se nos rindan cuentas aunque este personaje se sienta insultado por eso. Si no quiere rendir cuentas, que se dedique a hacer otra cosa y deje la política en manos de políticos que sí le entiendan a la ley y a la Constitución y, sobre todo, que estén dispuestos a respetarla. Ignoro si aún queda alguno.
Lo grave de este asunto es que el presidente del Senado usó toda la fuerza del Estado para humillar a un ciudadano que lo único que hizo fue pedirle cuentas en pleno ejercicio de su derecho ciudadano y, no conforme con ello, lo exhibió, lo difundió como advertencia para todos aquellos que osen siquiera cuestionarle. La fuerza del Estado al servicio del ego de un hombre tan, pero tan pequeño, que necesita mostrarse en público humillando a un ciudadano para sentir su valía. Valiente senador.
El verdadero propósito de esta acción es evitar que en el futuro los ciudadanos tengamos la osadía de pedir cuentas a los gobernantes y por eso la sanción debe ser ejemplar, para evitar esa tentación que sólo existe en los países democráticos, club del que parece ser que la 4T desea sacar a México. Si esto no es una dictadura, se parece mucho.