Mucho se ha mencionado de la existencia de un pacto de impunidad entre el actual presidente de la República y su antecesor. Hay muchas versiones de que se trata de un pago de favores por no haber impedido la llegada de López Obrador al poder, quién sabe si sea cierto. Lo que sí es cierto es que en diversas ocasiones el presidente López Obrador ha manifestado su respeto hacia Enrique Peña Nieto, lo ha reconocido como un demócrata por no intervenir en las elecciones y ha hecho muchas declaraciones en el sentido de que no se le investigaba hasta el pasado día 7 de julio. Ese día, se supo de boca de Pablo Gómez que la Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente por presuntas irregularidades en la recepción de recursos financieros.
¿Hasta dónde llegará esta denuncia? Muchos analistas dicen que de lo único que se trata es de una cortina de humo para desviar la atención sobre los graves problemas que enfrenta el país, estrategia bastante común en el obradorato. Y sin embargo, parece ser que el propio presidente se muestra poco entusiasta con esta situación. Las lecturas son múltiples. Hay quienes dicen que se trata de regalarle impunidad a Peña Nieto a cambio de que no meta las manos en la elección del Estado de México; hay quienes dicen que el presidente quiere demostrar que no hay pacto de impunidad y que va a ajustar cuentas con Peña. De lo que no queda duda es que se trata de una medición de fuerzas previa a los procesos electorales del 2023 y 2024, porque el resultado del segundo depende en gran medida de los resultados del primero.
Es claro que si el PRI pierde el Estado de México en las elecciones del próximo año, dicho partido se dirige hacia la extinción total y de la mano con él, el llamado Grupo Atlacomulco. El problema es que dicho grupo ve al Estado de México como un fundo cuasi familiar desde hace muchas décadas. En uno de los casos menos republicanos de nuestro país, en dicha localidad el poder se hereda de tíos a sobrinos y de primos a primos. Así ha sido desde hace muchos años y se ve difícil que todo este grupo se doblegue ante una investigación en contra de Peña Nieto y cedan el control del estado.
Pero por otro lado, al ser el Estado de México el que detenta el padrón electoral más grande del país, es fundamental para cualquier partido que pretenda ganar las elecciones presidenciales de 2024. Morena lo sabe, y lo quiere. Por eso se han adelantado tanto en sus procedimientos internos para designación de su candidato a gobernador. La oposición sigue de vacaciones, no tiene absolutamente ninguna preocupación por eso. Pero, ¿es ese el verdadero interés de AMLO? ¿Dividir a los atlacomulcas para que pueda alzarse con el poder en 2023 y luego en 2024 a cambio de dejar a Peña Nieto en paz? O peor aún, ¿no será que está pensando en que Peña Nieto sea enjuiciado y posteriormente absuelto para que quede claro que no tiene ninguna intención de ir en su contra y que el expresidente no filtre información comprometedora de la que todo mundo habla –pero que a nadie le consta que exista– haciéndole un favor a priori? Es decir, ofrecerle una ofrenda de paz mediante un juicio en que se le absuelva –o ya de perdida una carpeta de investigación sin consignar– a cambio de que respete la palabra dada y no manche la imagen de AMLO y no se meta en las elecciones del Estado de México. Ya veremos el desenlace de esta nueva cruzada de la 4T contra la corrupción y sabremos quién tiene a quién entre las manos y quién puede hacerle más daño a quién. Por lo pronto, el presidente López Obrador ya reiteró sus respetos y consideración hacia Peña Nieto en una mañanera y no parece ser que vaya a continuar la denuncia ante la Fiscalía General de la República… a menos que sea políticamente necesario. El derecho sometido a la política, así tal cual.