Hace algunas semanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de su encuesta sobre la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Una de las principales conclusiones de este ejercicio –en el que se entrevistó a 50 mil personas de 22 países que integran esta organización–, fue que la mayoría de las personas encuestadas considera que, incluso en tiempo de crisis, sus gobiernos son fiables, que los servicios públicos en materia de salud y educación son de calidad, y que las instituciones públicas son mayoritariamente transparentes.
En el informe ‘Construir la confianza para reforzar la democracia: principales resultados de la Encuesta de la OCDE 2021′, se advirtieron las diferencias generacionales, educativas, de ingresos, regionales y de género en los niveles de confianza en los gobiernos, a partir de lo cual, este organismo internacional propone la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación e inclusión social para diversos sectores de la población. Por ejemplo, se encontró que los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad –con menos acceso real o percibido a las oportunidades y a la participación– tienen niveles más bajos de confianza en el gobierno, entre estos grupos se encuentran: las mujeres, los jóvenes, las personas con menores ingresos y bajo nivel educativo.
Otros puntos para el análisis que resultan interesantes sobre esta encuesta realizada por la OCDE, residen en la percepción de la sociedad sobre la integridad de sus gobiernos y en la importancia de la garantía del derecho de acceso a información pública. Sobre este último punto, el estudio de este organismo internacional afirmó que, en la actualidad, los gobiernos democráticos deben sobrellevar desafíos adicionales, entre ellos, la desinformación, las noticias falsas y el acceso a información poco confiable, pues según la OCDE, estos fenómenos tienen una alta vinculación con la desconfianza de la sociedad en sus instituciones y gobiernos.
La confianza de la sociedad se encuentra fuertemente ligada al conocimiento y percepción sobre los resultados de las instituciones, así como en las expectativas, experiencias e interacciones que las personas han tenido con ellas: es decir, en su visión sobre la responsabilidad, eficiencia y cercanía de las instancias públicas. La confianza social es un insumo que fortalece a los gobiernos y a las instituciones, facilita la puesta en marcha de iniciativas, favorece la aceptación y socialización de sus políticas públicas, reformas, estrategias y proyectos. Además, en materia presupuestal, la confianza es un elemento clave para la recaudación fiscal y la entrada de nuevas inversiones.
En este contexto, resulta importante considerar un nuevo enfoque público que busque reducir la desconfianza de la población. Ello, a fin de sumar a la sociedad civil y a la población en general a la construcción de soluciones de las problemáticas que nos son comunes.
La transparencia, la apertura del gobierno para informar e impulsar la participación ciudadana y el involucramiento de los grupos en la hechura de las políticas públicas, la promoción de valores –como la integridad y la equidad– en las y los servidores públicos, así como el desarrollo de capacidades en el servicio público, para que las instituciones tengan prácticas más responsables y responsivas, serán claves para reconstruir la confianza de la sociedad. Asimismo, resultará importante continuar promoviendo esquemas que aseguren la participación equitativa y el involucramiento de la sociedad civil en la formulación de los proyectos: consolidar gobiernos abiertos a la sociedad, que den respuesta efectiva a los temas y preocupaciones, que son importantes y prioritarios para la ciudadanía.
