En agosto de 2016, The Citizen Lab −un laboratorio interdisciplinario de investigación y desarrollo de políticas de alto nivel sobre las tecnologías de la información, la comunicación y los derechos humanos, con sede en la Universidad de Toronto, Canadá− dio a conocer información sobre el uso del software espía Pegasus en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil. Este software de vigilancia comercializado por la empresa israelí NSO Group a gobiernos, agencias de inteligencia o de procuración de justicia, se instalaba en los dispositivos móviles de las personas a monitorear mediante un enlace electrónico enviado a través de mensajes SMS. Una vez instalado en el teléfono, sin conocimiento o permiso del usuario, este programa enviaba datos privados tales como contraseñas, correos electrónicos, listas de contactos, mensajes de texto y llamadas de voz, incluso el operador podía modificar la configuración general del dispositivo, encender la cámara y el micrófono del teléfono para capturar la actividad en las cercanías del dispositivo.
El reporte elaborado por este laboratorio identificó un total de 45 países donde los operadores de Pegasus habrían realizado operaciones de vigilancia, y en al menos seis de esos países −incluido México− se documentaron abusos en el uso del software espía. En el caso específico de nuestro país, diversos ejercicios de periodismo de investigación y las investigaciones conjuntas de The Citizen Lab, Artículo 19, R3D y SocialTIC, publicadas el 19 de junio de 2017, encontraron que este programa malicioso había sido utilizado por agencias del Estado mexicano durante 2015 y 2016 en los equipos de decenas de abogados, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición y defensores de la lucha contra la corrupción. Mediante el informe #GobiernoEspia, en donde se documentaron diversos presuntos intentos de infección, se exigió también la adopción de medidas para la investigación y sanción a los responsables, así como la puesta en marcha de esquemas que garantizaran el establecimiento de controles legales y democráticos que impidan la utilización y ejercicio abusivo de medidas de vigilancia.
El Instituto Nacional de Transparencia, como autoridad encargada de garantizar el derecho a la protección de datos personales y altamente comprometida con la plena garantía de la libertad informativa y de expresión, se manifestó entonces a través del comunicado INAI/193/17, en el cual informamos que, en el marco de nuestras atribuciones y obligaciones, comenzaríamos una investigación y verificación oficiosa en contra de las instancias públicas y privadas involucradas en la recolección y tratamiento de los datos personales mediante este software malicioso.
Consideramos que la rendición de cuentas y la transparencia, en este caso en específico, serviría como medio para esclarecer toda información relacionada con los contratos y operaciones en la adquisición de este sistema, y con ello determinar lo que en derecho proceda. Entonces, el INAI comenzó una investigación formal a diversos sujetos obligados el 30 de junio de 2017.
En nuestro país, este asunto sentó un precedente más de la exigencia ciudadana por mayor transparencia y la investigación del caso. El INAI, en el ejercicio de sus atribuciones, ha cumplido un papel relevante que fortalece a la ciudadanía en casos como el expuesto. Hace unos días Pegasus volvió a la deliberación pública, y confiamos que, como entonces, trabajaremos de la mano de la sociedad civil y de las instancias públicas para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la ley.
Para conocer más acciones realizadas por el INAI respecto de este caso, los invito a visitar el micrositio: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/AnteLaOpinionPublica.aspx.
La autora es comisionada presidenta del INAI.
