El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta al Legislativo cada año es el documento de política pública más importante. Más allá de declaraciones y discursos, en el Presupuesto se ven reflejadas las prioridades, preocupaciones y verdaderas intenciones del gobierno de forma llana y sin matices, reflejadas en montos y cifras. Es por eso que el Proyecto de Presupuesto, además de ser un documento económico, es también una especie de declaración política de los gobiernos.
Por eso es importante celebrar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado la semana pasada por la Secretaría de Hacienda al Congreso, incluye nuevamente un Anexo Transversal Anticorrupción.
Los anexos transversales en el Proyecto de Presupuesto son documentos en los que se identifica el gasto de programas y unidades de gobierno que están destinados a conseguir un propósito específico. Los anexos transversales son muy útiles en la medida en que ayudan a identificar y hacer más transparente el gasto público que está destinado a atender cierto tema, como el combate a la corrupción en este caso, aun cuando ese gasto es ejercido por más de una instancia o dependencia pública. Desde luego, la existencia de un anexo transversal no significa por sí mismo que el combate a la corrupción tenga más o menos presupuesto; sólo significa que es más fácil identificar la contribución de cada instancia pública que tiene alguna responsabilidad en ese tema, medir los impactos y evaluar los resultados.
Esta figura es una propuesta que la organización Ethos (www.ethos.org.mx) ha venido promoviendo desde 2016, y que fue adoptada por primera vez en el Proyecto de Presupuesto para el año 2018. Si bien este Anexo desapareció para los proyectos de Presupuesto de 2019 y 2020, el gobierno federal ha decidido reincorporarlo, y eso sin duda es una buena noticia. No solamente por su aportación a la transparencia del gasto anticorrupción, sino además por ser esta una iniciativa de la sociedad civil que ha sido defendida y promovida por varias organizaciones además de Ethos, lo cual refleja que existe un diálogo fructífero, al menos en este tema, entre la sociedad civil y gobierno.
El Anexo incluye los montos que varias dependencias emplearán en el combate a la corrupción, entre ellas las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Ejecutiva del propio Sistema Nacional Anticorrupción, y la Secretaría de Hacienda, que no forma parte del Sistema Nacional, pero que participa de forma muy importante en las tareas de combate a la corrupción a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría Fiscal. Al igual que el año pasado, existe una vinculación entre este Anexo y la política nacional anticorrupción publicada en enero de 2020, lo cual ayuda a integrar mejor el ejercicio y evaluación del gasto con los objetivos de esa política.
Si bien la propuesta de Presupuesto para 2022 registra un modesto aumento para el combate a la corrupción –6.5 por ciento más que en 2021–, lo cierto es que se trata de un incremento apenas marginal dentro de un entorno de recursos para el combate a la corrupción bastante exiguo, que difícilmente va a ayudar a promover un cambio importante en la capacidad institucional de México para controlar y reducir la corrupción.
Una de las discusiones pendientes que la publicación de este Anexo puede facilitar, es sobre la necesidad de destinar más presupuesto –mucho más– a un tema que está en el centro de las preocupaciones de los mexicanos. Acabar o controlar la corrupción es indispensable para poder tener programas de gobierno más efectivos, servicios públicos de mayor calidad y una mayor capacidad de extender los efectos positivos del gasto público en la población, sobre todo en lo que se refiere a servicios y derechos básicos como seguridad pública, justicia, educación y salud. La presencia en el Presupuesto de un Anexo Transversal Anticorrupción debe ser la punta de lanza para incentivar un debate renovado y distinto al que hemos tenido hasta ahora sobre este tema; un debate en el que reconozcamos que los recursos comprometidos en el combate a la corrupción no son un gasto sino una muy buena inversión; un debate en el que todos acordemos que el retorno en beneficios al país por cada peso que se destina a la prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción es mucho mayor a lo que se gasta. Hasta que no tengamos esa discusión, los presupuestos para combatir la corrupción seguirán siendo insuficientes.