París, Francia.- Francia tiene una larga tradición en la lucha por la democracia y la libertad como sistema político y económico, así como la de poder controlar y limitar el excesivo poder de los gobernantes. En la época de la monarquía los nobles tenían un poder inmenso sobre la actividad económica y la actividad de la población; aspectos que hoy serían absurdos tenían que ser aprobados por el mismo rey, por ejemplo, de qué color tenían que ser los trajes que confeccionaran los sastres o en lo social autorizar matrimonios. Era normal que los títulos nobiliarios otorgaban derechos a controlar y extraer recursos de territorios y poblaciones. Y al no existir libertad económica había una gran pobreza entre la mayoría de la población.
La Revolución Francesa de 1789, con el lema de “Libertad, Fraternidad e Igualdad” destruyó el sistema político y económico anterior no solo en este país, sino en diferentes naciones del Viejo Continente. Por su parte, en Estados Unidos se redactó una constitución en 1787, que sigue vigente hasta la fecha, a la cual solo se le han hecho 27 enmiendas en estos dos siglos y medio, lo que permite una gran estabilidad. Esto contrasta con los fuertes cambios de la Constitución mexicana.
Las constituciones actuales de los países más desarrollados tienen como un principio básico el mantener limitado el poder de los gobernantes, siendo un mecanismo para lograrlo el dividirlo en diferentes personas y grupos. La actual reforma al sistema judicial en México y las amplias mayorías que tiene el partido de la presidenta de la República en el Congreso van en sentido contrario a la lucha por la democracia y la libertad económica de los últimos siglos. Esto incrementa de manera relevante los riesgos que pueden enfrentar las diversas empresas y los ciudadanos. Entre algunos de los muchos riesgos económicos que esta reforma puede provocar están los siguientes:
1- Los horizontes de planeación y de actividad de las empresas y de los particulares se reducen de manera notable, ya que una concesión o autorización se puede cambiar o revocar de manera imprevisible.
2- Ante lo anterior, las empresas tratarán de incrementar sus márgenes de utilidad en el corto plazo, para compensar esos riesgos, elevando sus precios y en otros casos se cancelarán proyectos previstos.
3- Los distintos jueces pueden ser sujetos a presiones de diversos grupos o sectores locales, por lo cual la aplicación de una misma ley podría ser desigual en diferentes partes del territorio nacional.
4- Existen varios millones de procesos judiciales en todo el país, que quedarían pospuestos por la salida de miles de funcionarios judiciales de los distintos puestos, creando un desconocimiento de sus antecedentes, que ocasionará retrasos a los procesos con los consiguientes problemas,
5- Es previsible una reducción en la cobranza de los bancos, de otras instituciones financieras y comerciales, así como pagos de diversas entidades del gobierno lo que ocasionaría pérdidas no previstas.
6- Derivado de lo anterior, se espera que los bancos eleven sus tasas de interés activas (es decir, las que cobran a los deudores), a pesar de que las tasas de interés pasivas se reduzcan (o sea las que pagan a los deudores por sus ahorros y la de referencia).
7- Este proceso crea un entorno de mayor incertidumbre, lo que reduciría el crecimiento económico en los próximos meses y años. Como efecto es probable que sea menor la recaudación fiscal del gobierno, elevando así su déficit.
8- Un mayor déficit fiscal elevaría el endeudamiento del gobierno, lo que reduciría los recursos que se podrían otorgar a las empresas y a las personas. Esto perjudicaría aún más el dinamismo económico.