Hace una semana respiramos aliviados porque el gobierno de Estados Unidos postergó por 90 días la imposición de aranceles a los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC.
Pero el presidente Donald Trump dejó por escrito en su red social Truth Social que “México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”.
¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿De qué nos salvarían en tres meses?
Cada año, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) presenta a la Casa Blanca y al Congreso el “Informe Nacional de Estimación Comercial 2025 sobre Barreras al Comercio Exterior”, un pesado informe que detalla las barreras comerciales que tienen los exportadores estadounidenses y las iniciativas para reducirlas.
Al gobierno mexicano no le gusta decirles ‘barreras’, sino que prefieren considerarla como una lista de las condiciones que unilateralmente quiere obtener el gobierno vecino.
Barreras o lo que no le gusta al gobierno estadounidense, lo cierto es que están numeradas todas esos ‘temas a resolver’ y que ahora se suman a la mesa de negociación junto al tráfico de fentanilo, la migración, el acero, el cobre y los automóviles.
¿Qué le preocupa a Estados Unidos de quien seguimos siendo su principal socio comercial? :
- Opacidad en las operaciones aduanales mexicanas
- Retrasos en las aprobaciones de productos farmacéuticos, pesticidas y dispositivos médicos por parte de COFEPRIS.
- Las prohibiciones de México al glifosato y al algodón genéticamente modificado.
- Control en las reservas de litio
- Propiedad intelectual
- La política energética y el acceso a los mercados bajo escrutinio (la actual política de México de favorecer a las empresas estatales PEMEX y CFE frente a los inversores extranjeros privados )
- Telecomunicaciones.
Y quiero abrir un paréntesis en este último punto del reporte de Estados Unidos para ver cuáles son los reclamos y cómo tal vez, resolviendo alguno de sus pendientes se puede ir avanzando en el limado de asperezas con nuestro mayor socio comercial (y a un costo que no desestabilizaría las finanzas nacionales).
- Las empresas participantes del mercado aún deben competir con el proveedor dominante tradicional, que ha mantenido una participación de mercado de casi 70%, particularmente en los servicios móviles, demuestra la necesidad de una aplicación vigilante de las regulaciones que adoptó el IFT para abordar el estatus de ese proveedor como agente económico preponderante.
- La eliminación en diciembre de 2024 de ciertas agencias regulatorias independientes y autónomas en México, incluyendo al IFT.
- El costo del espectro, que es uno de los más altos de América Latina. Aunque México asigna licencias de espectro a través de subastas competitivas, impone una tarifa anual sustancial basada en la cantidad de espectro que posee cada licenciatario. Este enfoque no está alineado con las mejores prácticas internacionales y puede favorecer al proveedor dominante. Estados Unidos continúa presionando a México para que considere cambios en sus reglas que reduzcan los costos generales del espectro y aborden el poder de mercado del proveedor dominante.
Este punto, que ha sido motivo de mucho lobby e incluso impulsó la salida de empresas de este mercado (como Telefónica), podrían comprar la buena voluntad de la revisión de los ‘pendientes’ en tres meses más. Si tenemos en cuenta que el gobierno federal espera recaudar 17,717 millones de pesos por el uso del espectro y se logra la recomendación de reducirlo a 50%, permitiría una competencia más equitativa, reduciría el poder del agente dominante y permitiría aumentar la inversión en infraestructura en la banda ancha. Porque la ‘inversión’ sería solo de 0.19% del total de los ingresos estimados por Hacienda para este 2025.
Sería un quick win poco costoso, pero muy vistoso, que además apuntalaría y daría consistencia a las tareas de las nuevas agencias regulatorias creadas este año, como precisamente la Agencia de Transformación Digital.