Esta semana fue atravesada por un hecho brutal: el asesinato a plena luz del día de Ximena Guzmán y José Nuñez, ambos, parte del círculo rojo de la mujer más poderosa de la CDMX.
La inseguridad es, sin dudas, uno de los factores más determinantes de la salud de una comunidad.
En marzo de este año, según la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del Inegi, 61.9 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Dentro de estas zonas están incluidas las 16 alcaldías de la capital mexicana. Si comparamos año contra año, en 10 de ellas aumentó la percepción de inseguridad, sólo en cinco bajó y la única que mantiene los mismos niveles entre 2024 y 2025 es Venustiano Carranza.
Y no es solo percepción, sino realidad. Según reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública , desde enero hasta abril fueron 327 las víctimas de homicidio doloso en la CDMX y en lo que vamos de mayo se sumaron otras 40 personas (datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana). En promedio, en estos primeros 140 días del año el promedio es de 1.3 asesinatos cada 12 horas.
Hace pocos días se reveló el reporte del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que mostraba el impacto de la violencia en la economía de México en 2024. Según sus cálculos, el costo era de 225 mil millones de dólares (mdd), es decir, el equivalente a 18 por ciento del PIB.
Dentro de este monto, la mayor incidencia es la de los homicidios (o asesinatos), que representan 38 por ciento de este costo, unos 85 mil mdd.
Lo que muestra también este reporte es la manera en la que se ha ido profundizando la violencia y la impunidad en la última década: desde 2015, los homicidios son un 55 por ciento más frecuentes y los delitos con armas de fuego crecieron 71 por ciento.
¿Cuánto invierte el gobierno mexicano para afrontar este tamaño de crisis de seguridad? Poco, el propio informe de 2024 del IEP muestra que los gastos en seguridad y contención de violencia en equivalieron a 0.7 por ciento del PIB. Esto es menos de la mitad del promedio en América Latina.
Lo anterior, combinado con altos niveles de corrupción e impunidad, limita significativamente los esfuerzos para reducir la violencia a largo plazo.
El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un informe sobre el impacto económico derivado del crimen y la violencia en todos los países de la región. Para su cálculo, el estudio considera tres áreas de costos directos: el gasto en capital humano perdido, los gastos del sector público en justicia y seguridad, y el gasto privado en medidas preventivas.
De estos tres datos, el BID estima que el costo en capital humano perdido representa el 0.76 por ciento del PIB (incluye las pérdidas económicas relacionadas con la muerte o lesiones por violencia); los gastos, un 1.08 por ciento (el presupuesto gubernamental para seguridad y justicia), y gasto del sector privado, otro 1.6 por ciento del PIB (sistemas de seguridad, personal de vigilancia y seguros).
Sumando todos estos factores
Según el estudio, los costos directos de la criminalidad representan un 3.44 por ciento del PIB mexicano, un monto cercano a los 43 mil mdd, de los cuales -visto en fríos números- 9 mil 500 mdd son las pérdidas en vidas que deja la violencia en el país. El cálculo se realiza tomando en cuenta la pérdida de productividad de las víctimas de homicidios y otros delitos violentos: si una persona es asesinada a los 30 años, el estudio calcula la productividad que habría generado hasta el final de su vida laboral. De esta manera, el informe pone en perspectiva la pérdida de potencial económico que sufre el país al enfrentar altas tasas de violencia.
El martes, rápidamente después de descubierto el doble crimen de Ximena y José, desde la Secretaría de Economía afirmaron que esta situación no afectaría la llegada de inversiones al país. Pero lo cierto es que la inseguridad sí es un factor de peso en este sentido. Recuerdo el reporte del FMI de fines del año pasado (Panorama económico para el Hemisferio Occidental) donde rezaba: “la economía mexicana sí está pagando una factura por la inseguridad”. Con este dato explicaban en parte, el enfriamiento de las inversiones.