Ya que fue publicado el viernes pasado el nuevo reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos, sería prudente revisar los permisos vigentes que fueron concedidos, con prisas, durante la última parte de la administración pasada.
Es cierto que México posee un marco regulatorio sólido en los sectores energético y ambiental, pero su implementación efectiva se ve afectada por factores más allá de lo legal.
Un ejemplo es la apertura de la estación de Costco Gas en Torreón, Coahuila, de la cual le comentaba en entregas pasadas que comenzó a operar a finales de 2024 sin la autorización de inicio de operaciones, un documento crucial de la autoridad energética federal.
Recordemos que esta autorización es obligatoria para cualquier estación de servicio antes de su apertura al público, asegurando que la construcción coincide con el proyecto aprobado, se cumplen las normas de seguridad industrial y la instalación ha sido inspeccionada y aprobada por la autoridad competente. Operar sin esta autorización puede resultar en sanciones o cierre, según la Ley de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), actualmente dirigida por Armando Ocampo Zambrano.
A raíz de nuestra publicación anterior, fuentes de alto nivel de la administración pasada se acercaron a este espacio a reportar que el asunto estaba peor. El expediente de Costco Gas muestra discrepancias significativas entre lo autorizado y lo realizado: el área de la estación se amplió, el diseño fue modificado y el proyecto final no se alinea con el dictamen de impacto ambiental. A pesar de estas irregularidades, la estación sigue operando sin problemas. Este contraste es evidente al compararlo con el trato a las pequeñas y medianas gasolineras, que enfrentan suspensiones por infracciones menores, mientras que una empresa transnacional parece beneficiarse de la inercia institucional. La aplicación desigual de la norma transforma un instrumento de control en una garantía de privilegio.
El caso destaca la necesidad de revisar no solo la actuación de la ASEA, sino también la coherencia de la política anticorrupción en sectores estratégicos. Si las normas se vuelven opcionales para los grandes actores, la confianza de los ciudadanos en la autoridad reguladora se deteriora. En el ámbito energético, la legalidad no debe ser vista como un simple trámite, sino como un principio operativo fundamental. La aplicación equitativa de las leyes es crucial para mantener la integridad y eficacia de las regulaciones, asegurando que todas las partes cumplan con los estándares establecidos para proteger tanto al medio ambiente como a la seguridad pública.
Contra el gas LP
La lamentable tragedia que trajo consigo la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, y que ha cobrado la vida de 31 personas, abre la oportunidad para que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ponga en orden a un sector tan turbio.
Las medidas de inspección a gaseros anunciadas por la secretaría de Energía, Luz Elena González, la semana pasada en la conferencia mañanera, son solo un paliativo frente tamaño tumor que tiene la distribución y comercialización de gas LP.
En realidad, ningún gobierno anterior se ha atrevido a meterse a la tremenda cueva que representan los gaseros en el país. Huachigas, colusión, mafias de precios, fraudes volumétricos, violencia en contra de competidores y consumidores, son solo algunos de los delitos que por décadas han acompañado a la venta de gas LP, que necesariamente utilizan la mayoría de los hogares en el país. Así que el gobierno tiene mucho de dónde cortar, ¿se atreverán?