En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comanda Emilia Calleja Alor, creen que nadie se dio cuenta, pero el pasado 6 de junio la termoeléctrica Carbón II en Nava, Coahuila, salió de operación tras la falla de su única unidad activa. La versión técnica apunta a lo mismo que varios reportes habían advertido: se forzó el uso de diésel y combustóleo en calderas diseñadas para carbón mineral.
Los números son claros. Entre 2 y 2.5 millones de litros de diésel se compraban cada semana, con un sobreprecio de hasta 7 pesos por litro, según denuncias de productores y reportes internos. La decisión estuvo a cargo del entonces director interino de CFE Generación IV, José Manuel “Pepe” Robles, y fue respaldada por operadores identificados en la región como “Poncho” Becerra y “El Moches” Robles.
La consecuencia inmediata: más de 70 mineros quedaron fuera del esquema de suministro. El carbón local fue descartado bajo el argumento de “mala calidad” mientras la central funcionaba con cargamentos líquidos de origen incierto. El episodio se agravó con el decomiso de 10 millones de litros de diésel ilegal en Altamira por parte de la Marina, hecho tras el cual CFE suspendió el consumo en Nava.
El impacto ambiental y operativo tampoco es menor. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que entre 2020 y 2023 ingresaron millones de toneladas de carbón sin trazabilidad técnica. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) estimó que en 2023 la central emitió más de 9 millones de toneladas de CO₂ y 100 mil toneladas de SO₂, ubicándola entre las más contaminantes del país. Todo con una eficiencia de apenas 27 por ciento.
El caso de Carbón II revela dos cosas. Primero, la falta de controles en las adquisiciones de combustibles para las plantas de la CFE. Segundo, que la operación de estas centrales responde cada vez más a decisiones políticas y no a criterios técnicos.
Mientras en otros países el carbón es desplazado por ciclos combinados y esquemas híbridos, en México se mantuvo una planta obsoleta con combustibles caros, ineficientes y contaminantes. El colapso del 6 de junio no fue un accidente: fue el resultado de un modelo agotado.
Aunque parezca que el caso pasó desapercibido, hizo eco hasta las nuevas oficinas de la Secretaría de Energía, cuya titular, Luz Elena González Escobar, continúan investigando para el deslinde de responsabilidades.