La industria de los cruceros en el mundo está avanzando rápidamente. El tamaño de las embarcaciones está creciendo de forma acelerada y, a partir de 2026, los buques serán 12 por ciento más largos, 67 por ciento más anchos, 78 por ciento más pesados y con un aforo 72 por ciento mayor de turistas.
Para enfrentar esta demanda de capacidad, la compañía de terminales portuarias Muelles del Caribe comenzó a preparar desde 2020 un proyecto de muelle, el primero en Cozumel con dimensiones suficientes para recibir estos megabuques; sin embargo, recientemente anunció que detendría una inversión superior a 2 mil millones de dólares.
La empresa espera condiciones más propicias para iniciar la construcción, una vez que la Semarnat realice la revisión de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), otorgada el 7 de diciembre de 2021 por la propia Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, con número SGPA/DGIRA/DG-05859-21.
La revisión en curso se dio luego de que cinco grupos ecologistas exigieran la evaluación de un presunto “arrecife artificial”, denominado ficticiamente “Villablanca”, que, sin embargo, no aparece en ningún registro gubernamental ni privado.
La dependencia que encabeza Alicia Bárcena cedió ante los activistas, pese a que estos ya habían perdido un juicio de fondo ante un juzgado federal de Quintana Roo y en la revisión de un Tribunal Colegiado en Veracruz (amparo indirecto 62/2022 y amparo en revisión 573/2023), donde no pudieron acreditar su interés jurídico ni la existencia de dicho “arrecife”.
A pesar de que los activistas iniciaron su campaña de oposición a Muelles del Caribe en 2022, apenas hace tres meses aparecieron otros opositores: los legisladores del Partido Verde, Karen Castrejón, Carlos Puente y Renán Sánchez Tajonar, quienes rechazaron el desarrollo e incluso afirmaron que no existían permisos.
La oposición también proviene de la empresa Sand Dollar Sports, que opera en la playa Villablanca, nombre que se otorgó al supuesto “arrecife”, en realidad unas estructuras metálicas corroídas y plantas mal logradas, a partir de las cuales vende experiencias turísticas de restauración coralina por hasta 250 dólares.
No se trata de cualquier empresa: es un negocio millonario con más de 20 embarcaciones náuticas que también ocupa la playa contigua a donde se construirá el muelle. Esta firma, propiedad del estadounidense John Flynn, reconoce haber financiado al menos a dos de los grupos ecologistas opositores, dado su interés en conservar la playa para Sand Dollar Sport.
La falta de certeza jurídica en Quintana Roo para las inversiones ahuyenta capital de México frente a competidores caribeños como Gran Bahama, Honduras e incluso Belice, que ofrecen reglas claras y alianzas público-privadas para construir megamuelles y esperan formar parte de una derrama de mil 600 millones de dólares que dejarán año con año en la región.