Parece que la gala de funcionarios corruptos al interior del Gobierno de Morelos no tiene límite, a pesar de que el lema de la administración morenista de Margarita González Saravia es No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo de México.
Una denuncia en poder de este espacio acusa de corrupción a Deyanira Bahena Deloya, auditora adscrita a la Dirección General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Hacienda de Morelos, que lleva Mirna Zavala Zúñiga, quien por cierto, saldrá del gobierno con la fusión de dicha dependencia con la Secretaría de Administración. Movimiento motivado quizá también por este tipo de casos.
De acuerdo con el documento, Deyanira Bahena “de manera sistemática, se ha valido de su posición como autoridad fiscal para iniciar auditorías contra diversos contribuyentes del estado, mismas que utiliza como mecanismo de presión para obtener beneficios económicos indebidos”.
La denuncia, que rebosa en el escritorio de María de la Luz Mijangos Borja como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), acusa a Deyanira Bahena de iniciar auditorías fiscales sin un criterio técnico evidente ni causa objetiva suficiente. Esto genera incertidumbre entre los contribuyentes y les coloca en una posición vulnerable.
Una vez que se presenta para hacer la auditoría, la acusada establece contacto directo, fuera del cauce institucional, con los contribuyentes sujetos a revisión, con sus víctimas pues, para ofrecerles “soluciones” que eviten consecuencias graves que deriven del procedimiento.
Ahí, cuando ya cayeron en sus redes, Bahena Deloya de plano les pide dinero en efectivo a cambio de detener la auditoría, o resolver a su favor la misma.
El problema es grave, pues además de los delitos propios de su ejercicio como funcionaria pública, que la acusada estaría violando, de acuerdo con el Código Penal, lo que hace podría tratarse de cohecho, tráfico de influencias, y por supuesto, ejercicio ilícito del servicio público. La acusación alcanza tanto para ella, como para aquellas personas que la encubren, pues en la mayoría de estos casos no actúan solos.
No es la primera vez que presentamos en este espacio denuncias similares de funcionarios de gobierno estatales que se valen de su posición para extorsionar ciudadanos que mueven la economía de esta entidad, que generan empleo, y que tienen el valor de alzar la voz.
Hablábamos en la última entrega de esta columna sobre el caso de Justino Raúl Muñoz Téllez, Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del SAT en Querétaro, a quien persiguen dos denuncias formales ante la misma Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, que lleva Alejandro Gertz Manero. Una por actos de corrupción en el manejo discrecional de devoluciones fiscales bajo la carpeta FED/FEMCC/FEDHCAE-QRO/0000389/2005; y otra por presunta extorsión, esta última ya en etapa activa de investigación.
Esperemos que el caso de Deyanira Bahena Deloya no sea como el de Justino, quien a pesar de estar siendo investigado por la Fiscalía, sigue en su cargo como si nada hubiera pasado. De hecho, la FGR ya instruyó a Leonel Díaz Rogel, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Morelos, entregue un reporte sobre el asunto, esto de acuerdo con el oficio FEMCC/VUA/168/2025, también en poder de este medio.
No se puede permitir que en la administración de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, y el movimiento que heredó, nos referimos al Segundo Piso de la Cuarta Transformación, se permitan estos abusos de poder.