Faltando a los preceptos de no mentir y no robar, del segundo piso de la Cuarta Transformación de la presidenta Claudia Sheinbaum, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfrentan serias acusaciones sobre corrupción y otros cargos, relacionados con las devoluciones fiscales para los contribuyentes, que se suman a la larga lista de pendientes que tiene en este momento que resolver la administración en curso, como el caso de “La Barredora”, entre otros.
Es el caso de Justino Raúl Muñoz Téllez, Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal del SAT en Querétaro, a quien persiguen dos denuncias formales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, que lleva Alejandro Gertz Manero. Una por actos de corrupción en el manejo discrecional de devoluciones fiscales; y otra por presunta extorsión, esta última ya en etapa activa de investigación.
Las denuncias, en poder de este espacio, detallan abuso de autoridad, presiones indebidas y resoluciones arbitrarias en perjuicio de contribuyentes, particularmente en trámites de devolución de saldos a favor. En el caso señalado con folio DC042400039936, el procedimiento avanzó únicamente tras una reunión directa con Muñoz Téllez, sugiriendo un patrón de actuación opaco y condicionado.
Al funcionario se le acusa de incumplimientos sistemático de los plazos legales establecidos para la atención y resolución de los trámites a su cargo; también se le acusa de tomar resoluciones arbitrarias emitidas sin debida fundamentación y motivación, así como de afectación directa a los derechos de los contribuyentes, esto, al obstaculizar el ejercicio del derecho a la devolución y generar incertidumbre jurídica.
La denuncia es grave, da cuenta de que “existen señalamientos de que su actuar se caracteriza por ejercer presión indebida aprovechándose de la urgencia de los contribuyentes por recibir sus devoluciones, lo cual ha derivado en la sospecha de que se condiciona el avance o resolución favorable de los trámites a la búsqueda de beneficios indebidos por parte del funcionario”.
La denuncia por extorsión ya ha motivado acciones formales de la Fiscalía, que ha girado oficios a diversas dependencias federales para obtener información sobre las decisiones y desempeño del funcionario. Este hecho confirma que la carpeta de investigación está activa, y no se trata de simples acusaciones sin sustento.
Pese a ello, Muñoz Téllez continúa en funciones, despachando con normalidad en una oficina clave del SAT que maneja decisiones con impacto económico millonario.
Y es que no es la única vez que Justino Muñoz se ve inmuscuído en este tipo de problemas. Tras su paso por el SAT de Aguascalientes, contribuyentes dejaron de manifiesto su inconformidad en el actuar del funcionario, lo que le costó que fuese trasladado a Querétaro. Va dejando problemas por donde camina.
El caso se vuelve especialmente relevante en el contexto actual, donde la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, ha insistido públicamente en que su partido representa una transformación ética del poder. No hay que olvidar que, como ex secretaria del Trabajo, ella misma se presentó como símbolo de una nueva generación de funcionarios incorruptibles.
Sin embargo, hoy guarda silencio frente a casos como el de Muñoz Téllez, cuya permanencia en el cargo mancha directamente el discurso de honestidad y limpieza institucional que presume su partido.
También se espera un pronunciamiento por parte de Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, y de los distintos responsables del aparato fiscal que encabeza Edgar Amador como secretario de Hacienda. No queremos ver, una vez más, la omisión como forma de encubrimiento institucional que erosiona la confianza pública y debilita cualquier legitimidad en la aplicación de la ley.
