Uno de los puntos débiles de la administración pública, pero específicamente en el sector energético, ha sido la supervisión.
No es un secreto la preocupación de que la vigilancia de los actores que participan en la cadena energética del país se vuelva un punto rojo en la nueva estructura del sector, como consecuencia de la contrarreforma emprendida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, e implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La integración de los dos organismos reguladores (CRE y CNH) en la naciente Comisión Nacional de Energía (CNE), que dirige Juan Carlos Solís Ávila, aún mantiene dudas entre las empresas de las diferentes actividades que se encargará de supervisar.
Por un lado, las petroleras que aún se mantienen en el país, arrastran trámites y seguimientos de sus proyectos de exploración y producción; por su parte, las empresas del sector eléctrico, de petrolíferos y otros derivados como gas, también dicen sentirse confundidas en la transición al nuevo modelo unificador, que concentra la autoridad en la Secretaría de Energía, que lleva Luz Elena González.
Pero no es todo, esta incertidumbre regulatoria que se mantiene en el sector energético también se extiende al cumplimiento de la normativa medioambiental, nos referimos específicamente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Desde octubre de 2024, cuando Armando Ocampo Zambrano asumió la dirección de la ASEA, en el sector energético comenzó a circular una advertencia: se endurecerían los procesos regulatorios. Ocampo, con pasado en PRODECON y cercano a grupos políticos del gabinete anterior, reorganizó internamente la agencia, colocando perfiles como el de César Cano Cuevas en Normatividad, con trayectoria más política que técnica.
A partir de ese momento, empresas gaseras y petroleras empezaron a notar un cambio. Clausuras por trámites presuntamente vencidos, detenciones sin diagnóstico de riesgo ambiental y desconocimiento de autorizaciones estatales previas a la creación de la ASEA. Lo que antes se resolvía con actualización, hoy deriva en sellos y sanciones.
Entre 2022 y 2024, la agencia reporta más de 2 mil 300 inspecciones; al menos 400 derivaron en cierres temporales o definitivos, muchas sin incidentes técnicos asociados. La incertidumbre ha escalado. Con precios tope en combustibles y cargas fiscales crecientes, la falta de certeza jurídica ya afecta decisiones de inversión y expansión.
Nos comentan que hay inquietud entre operadores medianos, que sienten que la ruta de regularización no está clara. Y mientras, los grandes consorcios ya preparan estrategias legales.
Si no se equilibra el rigor con certeza, la ASEA podría terminar aislando al sector que debería acompañar. La señal que hoy manda es más de riesgo que de confianza.