Lunes 27 de Julio de 2026
Un país sin instituciones judiciales y de investigación confiables es un país condenado, donde todos –tarde o temprano– terminamos pagando la ausencia de esos elementos imprescindibles para la vida en sociedad. En México, esto no se trata únicamente de una percepción; es algo que está respaldado por los datos. Según el INEGI, durante 2024, 93.2% de los delitos no fueron denunciados o no terminaron en una investigación.
Es cierto que vivimos un momento de transformación universal. Buena parte del futuro dependerá de las aplicaciones que decidamos dar a las herramientas creadas por los grandes triunfadores de nuestro tiempo: los tecnólogos y quienes hicieron posible la revolución digital.
Precisamente por eso resulta todavía más difícil comprender nuestro desamparo. En medio de esta dictadura algorítmica, vivimos tan fichados que las plataformas parecen saber mejor que nosotros mismos cuántos rollos de papel higiénico consumimos, cuántas cajas de Kleenex utilizamos, dónde estamos, qué compramos y qué queremos. Sin embargo, cuando se trata de determinar responsabilidades políticas o criminales, la incertidumbre legal e institucional continúa siendo gigantesca.
Nunca he entendido por qué a Estados Unidos se le ha concedido no solo el beneficio de la duda, sino también la ventaja institucional. Pese a Trump, al trumpismo y a todos sus excesos, su sistema de justicia conserva un crédito internacional que el nuestro ha dilapidado. Washington acusa, sanciona, investiga y señala; México, en cambio, suele responder desde la tribuna política, envuelto en la bandera y sin un expediente propio con el cual defenderse.
El ejemplo más reciente es difícil de ignorar. El 13 de julio, el director de la DEA, Terrance Cole, afirmó públicamente que existía una “conexión mortal” entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano, y llegó a sostener que ambos “son una misma cosa”. Se trata de una acusación gravísima formulada por el titular de una agencia del gobierno estadounidense, no de una simple declaración perdida en una entrevista o sin trascendencia.
Nunca he entendido por qué nunca hemos tenido la valentía de responder y ordenar una investigación judicial solvente que determine si las acusaciones que formula una y otra vez el régimen de Washington tienen sustento. Si contamos con los elementos para demostrar que son falsas, habría que hacerlo mediante expedientes, comparecencias y resoluciones judiciales, no solamente mediante discursos.
Sería deseable que existiera, aunque las acusaciones resultaran infundadas, la posibilidad de rebatirlas jurídicamente. Deberíamos poder establecer en qué estamos de acuerdo, en qué no lo estamos y por qué. Limitarse a exigir “pruebas, pruebas, pruebas”, como si la ausencia de un expediente entregado por Washington bastara para absolver anticipadamente a los teóricamente malos, es una política pobre que terminamos pagando todos.
No se equivoque. Desde hace muchos años sé que, tanto de un lado de la frontera como del otro, existen acuerdos y complicidades. Es difícil no entender que el negocio y el imperio de las drogas serían imposibles sin redes criminales y autoridades corruptas y cómplices en ambos países.
El problema es que, mientras de este lado ponemos buena parte de los muertos, la violencia, las dudas y el desequilibrio institucional; del otro la discusión se concentra en la demanda y en la adicción. Es correcto que el consumo de sustancias se atienda como un problema de salud pública, pero eso no puede ocultar que el negocio también necesita redes de distribución, protección, financiamiento y lavado de dinero dentro de Estados Unidos. Sin ellas, el fentanilo y las demás drogas no podrían recorrer el camino completo hasta el consumidor final.
Nos equivocamos cuando pretendemos reducirlo todo al odio antigringo o a las redadas ejecutadas por ICE. También nos hemos equivocado al no comprender que, en ausencia de instituciones capaces de investigar y aclarar responsabilidades, todos acabamos bajo sospecha o convertidos en culpables por asociación. México ha renunciado, durante demasiado tiempo, a disponer de instrumentos confiables que determinen el grado de responsabilidad criminal de cada persona.
Da la impresión de que, si uno está involucrado en algún tipo de esquema de huachicol fiscal, pagará, salvo que sea de Tabasco. Y si es de Tabasco, no solamente no pagará, sino que pareciera tener derecho a excepciones y hasta a incentivos fiscales. Es, desde luego, una completa contradicción, pero retrata la desconfianza provocada por una justicia que parece actuar con velocidades distintas según el origen, las preferencias partidistas y las relaciones de cada persona.
Así vamos mal. Al igual que la mujer del César, nuestra justicia no solamente necesita serlo; también necesita parecerlo.
Tampoco es razonable pensar que, después de tantos años, tantos barcos, tantos ferrotanques, tantos cargamentos y tantas investigaciones, las responsabilidades puedan terminar concentrándose únicamente en un lado de la baraja política.
Aunque todos los políticos procedentes de Tabasco fueran inocentes, el sistema de protección construido a su alrededor y la manera corporativa en que el oficialismo responde a cualquier señalamiento terminan por volverlos políticamente sospechosos, no porque la sospecha equivalga a culpabilidad, sino porque la ausencia de investigaciones visibles, independientes y concluyentes destruye la presunción pública de imparcialidad.
Pero eso no es lo peor. Lo peor es que usted y yo –ciudadanos comunes que no somos de Tabasco ni de Baja California y que, aunque sea en mi caso, no tenemos nada que ver con el huachicol– estamos absolutamente indefensos. Vivimos dentro de un sistema que, en vez de investigar y hacer justicia –aunque fuera selectiva–, simplemente ha desaparecido de nuestra vida cotidiana.
Solamente sabemos de la justicia por todo lo que no se hace o por aquello que decide hacer cuando el guion político así lo exige. Hemos dejado de saber si una detención responde a una investigación legítima, a una coyuntura mediática, a una negociación internacional o a la necesidad de equilibrar políticamente el tablero. Esa es, precisamente, la tragedia de no contar con instituciones confiables.
En medio de este ambiente de desconfianza nacional, la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, se produjo apenas unos días después de la difusión de varios audios que colocaron bajo presión a la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila.
La gobernadora reconoció que la voz y la conversación difundidas eran de ella. En las grabaciones se le escucha expresar su disposición a colaborar y afirmar que podía hablar de lo que había escuchado en las mesas de seguridad. La conversación se desarrolló, además, en el contexto de sus gestiones para aclarar la cancelación de su visa estadounidense.
Marina del Pilar sostiene que fue el exgobernador, Jaime Bonilla, quien la puso en contacto con personas que se presentaron como intermediarios ante autoridades de Estados Unidos y que todo formó parte de una trampa para grabarla y desacreditarla. Bonilla lo niega.
Esto no permite afirmar como un hecho probado que la gobernadora haya entregado información confidencial a cambio de impunidad. Aunque sí permite afirmar que ofreció hablar sobre lo escuchado en las mesas de seguridad mientras buscaba resolver un problema personal con las autoridades estadounidenses. La diferencia jurídica es importante, pero la gravedad política permanece.
La coincidencia es desastrosa. Mientras la gobernadora permanece en el cargo y recibe el respaldo del Gobierno federal, el exgobernador opositor fue detenido, sometido a prisión preventiva y presentado como integrante de una de las mayores redes de contrabando de combustible investigadas en el país. Puede ser que existan pruebas suficientes contra Ruffo y que el proceso sea completamente legítimo. Lo que no existe es una institución con la credibilidad necesaria para aclarar las dudas sobre la aplicación selectiva de la justicia.
¿Qué le vamos a hacer? Ernesto Ruffo ganó Baja California en 1989 y se convirtió en el primer gobernador no priista en obtener el triunfo por parte de la oposición en seis décadas. Esa trayectoria no le concede inmunidad ni demuestra su inocencia, pero sí obliga al Estado a construir un proceso transparente y ajeno a cualquier sospecha de revancha política.
Se puede ser muy malo y se puede tener una enorme vocación dictatorial, pero lo mínimo que debemos exigir a los gobernantes es que sean inteligentes y se rodeen de gente inteligente. Tal vez incluso así el mal que pretenden hacer les salga mejor y sin perjudicar al pueblo mexicano.
En cualquier caso, nosotros, el pueblo, no podemos seguir convertidos en hojas al viento, arrastradas por lo que sople la coyuntura política en cada momento. Sin instituciones capaces de investigar, demostrar, absolver y condenar con independencia, nadie está verdaderamente protegido y nadie puede saber cuándo dejará de ser ciudadano para convertirse en objetivo.
Y es que cuando la justicia deja de ser una institución y se convierte en un instrumento de coyuntura, el problema ya no es solamente quién es culpable o inocente. El verdadero problema es que todos quedamos sometidos al poder de quien acusa, de quien investiga y de quien decide cuándo y cómo aplicar la ley.