Con motivo de la reunión del board de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, la semana pasada se congregaron en Washington, DC, los directivos que la encabezan, junto con diversos miembros asociados.
Compartieron con algunos expositores y empresarios ciertos puntos de vista sobre el estado que guarda la relación comercial entre ambos países.
A diferencia de lo que se opinó en otros años, en esta ocasión los ánimos no rebosaban de positividad y optimismo. Por el contrario, se advertía incertidumbre y nerviosismo ante la inestabilidad global, por un lado, y la fragilidad regional derivada de la inminente revisión del T-MEC.
Esta revisión se dará en medio de barreras arancelarias al comercio, la creciente inseguridad ciudadana en México y, además, la inestabilidad del Estado de derecho en nuestro país.
El elefante en medio de la sala —incómodo para los inversionistas extranjeros que deben convivir con él, e inefable para quienes vivimos en México y, en teoría, debemos defender con patriotismo nuestra Constitución— fue, en todo momento, la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
La inédita decisión de elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia constituye una peripecia sin parangón en el mundo, asumida, en el mejor y menos crítico de los casos, como una auténtica barbaridad. La realidad, lamentablemente, comienza a demostrar que las voces que se opusieron a dicha reforma tenían razón.
Si bien la impartición de justicia no figura como un capítulo particular del tratado que deba ser objeto de revisión por los tres países firmantes, no cabe duda de que el tema del Estado de derecho y la seguridad jurídica será llevado a la mesa, generando alguna fricción.
Si los negociadores de la 4T que representen a México en ese diálogo lo meditan bien, podrían aprovechar el contexto como una herramienta o justificación para dar marcha atrás en la locura.
No resulta extraño hablar de locura e insensatez en el ámbito de la justicia, que tanto desde el exterior como dentro del país se observa con preocupación.
Así lo confirman las noticias y opiniones difundidas este pasado fin de semana sobre la posibilidad de que el nuevo órgano plenario de la Corte reabra casos ya juzgados y que constituían cosa juzgada por los ministros anteriores, bajo el argumento de que, al tratarse de una nueva integración, las salas previas solo resolvieron sobre aspectos de legalidad y no de constitucionalidad de las leyes.
La sola propuesta pondría en entredicho las sentencias de todos los tribunales del país, al abrir la puerta a que la SCJN reexamine asuntos y varíe el sentido de resoluciones previamente firmes.
Es lamentable que México, que en algún momento ocupó la duodécima posición entre las economías más prósperas del planeta, enfrente hoy, en un ámbito tan sensible como el de la justicia, los atropellos y el abandono que todos presenciamos.
El viernes estalló una huelga porque los trabajadores y juzgadores despedidos no han recibido, después de meses, los recursos que legalmente les corresponden y les fueron prometidos.
Es una ignominia truncar la vida de una persona y su desarrollo profesional por suposiciones, sospechas y calumnias que, al final, se han revelado como mentiras y manipulación: ¿Quiénes son los jueces y magistrados corruptos que sirvieron de pretexto para reformar al Poder Judicial de la Federación y los de los estados? ¿Dónde se les está juzgando por los delitos en materia de impartición de justicia que supuestamente cometieron y por los cuales sus pares fueron despedidos?
En materia de amparo, al presentarse la demanda o interponerse un recurso, tradicionalmente se debían acompañar copias para todas las demás partes, a fin de que se les notificara y pudieran ejercer su defensa.
Esa regla, sin embargo, cambió durante la pandemia, pues al presentarse hoy dichas demandas por medios electrónicos, ya no deben entregarse copias físicas, dado que los propios tribunales se encargan de las impresiones y traslados a las autoridades, conforme lo establecían los Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, hoy sustituido por el Órgano de Administración de Justicia.
Qué tan mal deben de estar las cosas al interior del Poder Judicial Federal, que la semana pasada, a raíz de un recurso interpuesto por medios electrónicos, se nos notificó un acuerdo mediante el cual se exige la presentación de las copias del documento ingresado, para notificar a las demás partes, debido a la falta de recursos para que el tribunal realice sus propias impresiones documentales: una determinación contraria a la letra de los acuerdos dictados por el propio PJF.
Los jueces y magistrados federales, así como el personal encargado de conocer las controversias de amparo en todo el país —que en última instancia deciden los litigios de México—, carecen de papel e instrumentos para cumplir tan delicada función.
El estado que guarda la impartición de justicia en el país, en cuanto a recursos, capacitación y, sobre todo, la independencia que nuestros jueces deben mantener respecto de los otros poderes, jamás había estado tan deteriorado.
Con razón la preocupación se desborda en todos los foros, del mismo modo en que se salen de control tantos problemas que conforman la agenda política nacional.
El gobierno de Morena no carece de oportunidad ni de poder para impulsar grandes cambios que conduzcan a México por mejores senderos.
En el contexto histórico que atraviesa el planeta, son muy pocos los gobiernos en el mundo que cuentan con todos los asientos en el Congreso para aprobar las leyes necesarias que favorezcan el desarrollo de su nación.
Con toda sinceridad, hacemos votos para que ese poder acumulado que ostentan encuentre, en algún momento y en un claro del calendario, un poco de sensatez y visión.