Con excepción de la presidenta y su gabinete, y un importante número de acarreados que los acompañan, que votarán el 1 de junio aún sin poder distinguir la diferencia entre ministerio público y Poder Judicial, el resto de mexicanos, que quedan comprendidos en el foro jurídico nacional y la academia, los opinadores más prestigiados y pensantes, los socios comerciales más importantes del país y el mundo entero, todos, están en contra de la reforma judicial y las elecciones que están a punto de celebrarse. México es el ejemplo claro de lo que no debe sucederle al gobierno democrático de un país próspero, en el camino del desarrollo.
No podemos dudar de que el proceso que organizará el INE, con la vasta experiencia acumulada por el propio instituto, se llevará a cabo. Podemos apostar, sin embargo, en que, en términos cuantitativos, acabará siendo un rotundo fracaso, por más personas a las que se pague por acudir a las urnas y más boletas que puedan llegarse a rellenar. Las matemáticas están hechas, y son claras y contundentes: no hay poder humano que pudiera llegar a contabilizar el universo de votos que, en principio, tendrían que emitirse. El gobierno lo sabe.
La realidad acabará imponiéndose, porque la incompetencia de ese relevante número de candidatos que pudiera llegar a ganar el voto de los pocos participantes acabará por salir a flote. En el contexto en que se encuentra nuestro país en su relación comercial con Norteamérica, la letra constitucional nacida de ese bizarro sueño del expresidente López Obrador, de que los jueces deben ser electos, nos estorba.
El problema es que el daño ya está hecho. El 50 por ciento de los administradores de justicia que han renunciado, o habrán de dejar vacante su lugar el 1 de septiembre, cuando se concrete el ignominioso proceso que está por consolidarse, que suman casi 4 mil espacios dentro del aparato de justicia federal, no podrán reponerse aún y cuando esa fuera la voluntad del constituyente.
Es previsible que la reinstauración del orden de la república sea uno de los temas que los negociadores del TMEC enfrentarán ante los representantes de los EEUU y Canadá. Lo es, porque el proceso por venir es un tema preocupante del que se habla en el mundo entero, del mismo modo en que este fin de semana se habló del lamentable accidente que provocó la pérdida de la vida de dos cadetes, al chocar el buque escuela Cuauhtémoc con el puente de Brooklyn en Nueva York.
En el supuesto de que la realidad política, económica y social del pueblo de México se superponga a los intereses partidistas de un movimiento de regeneración nacional que representa a menos de una mitad de nuestros nacionales, y se estime conveniente hacer “ajustes” a la reforma constitucional en materia judicial, será conveniente que se preparen las ideas para ajustar la narrativa mañanera, para construir una válida justificación política para rescatar la institucionalidad necesaria para la supervivencia del Poder Judicial.
Un primer punto, lógicamente, se hallará en la necesidad de identificar una nueva metodología constitucional para lograr un nombramiento imparcial e impoluto de juzgadores, a través del cual se logre transmitir la representatividad política de la que se les pretende investir a través del proceso de elección popular.
El segundo punto, quizá políticamente más importante, tendrá que ver con la retórica necesaria para justificar el fracaso político que la contrarreforma podría llevar implícito. Podemos imaginar que la manera más fácil en que procederán a construirla será destacando la ventaja que significará otros medios distintos de la elección, para garantizar la más pura honestidad de los participantes, que servirá para arrancar de raíz la tan llevada corrupción que, según ellos, tiene sumida la labor de nuestros jueces, magistrados y ministros.
El tercer punto, un reto incuestionablemente más difícil y posiblemente inalcanzable de cumplir, tendrá que ver con la recomposición de las filas del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué foro distinto a la misma judicatura podría ser el semillero que produzca y ofrezca al país, la formación adecuada de abogados a quienes encargar la tramitación de un proceso y la resolución de un amparo?
Los meses más difíciles por venir son aquellos que están por delante de la elección. Organizar el proceso y dispendiar recursos públicos es labor de infantes; reconstruir a la república y garantizar la seguridad jurídica, la propiedad, la vida o la libertad de los mexicanos, en los procesos judiciales en que dichos valores se controvierten, va a ser una tarea para la que no están preparados ni siquiera los más expertos. Una variable no puede perderse de vista en los tiempos que están por venir: debemos enterrar para siempre la desatinada idea de que un juzgador, para ocupar el cargo, deba ser electo.