En un simpático meme compartido en alguno de los grupos de WhatsApp de los que soy parte, en alusión a los muchos kilos ganados en las pasadas fiestas decembrinas, el mensaje que leí formulaba la pregunta: “¿hasta qué talla se le puede seguir echando la culpa al metabolismo?”. No sin algo de gracia, desde luego, la broma es una auténtica verdad: ¿A partir de qué momento debe uno dejarse de bromas y asumirse como el único y plenamente responsable de engordar por lo que uno come?
El mensaje regresó a mi mente esta mañana, después de ver la debacle en la que se encuentra metida la 4T, tras un copioso número de tropiezos de los que ya dan cuenta los principales diarios de México y del mundo. Las acusaciones de contubernio entre el régimen y el crimen organizado van creciendo rápidamente: ¿hasta qué obligación gubernamental incumplida podremos empezar a decir oficialmente que éste es un Estado Fallido?
La acusación de que nuestro gobierno ha incursionado en tan grave abandono de su competencia y propósito no es nueva. Al gobierno de Enrique Peña Nieto se le acusó de ser fallido; y, al llegar su sucesor y acusársele de lo mismo, tajantemente lo negó y, con su propio estilo banal, en las mañaneras siempre se le resbaló y sostuvo que se trataba de un nuevo régimen, ¡honesto! Ya se va viendo. ¿cuándo se acabará por reconocer que el gobierno no ha cumplido de manera mínimamente eficaz con el cúmulo más importante de responsabilidades que en esencia le conciernen? El descubrimiento y la denuncia de la oprobiosa relación existente entre algunos funcionarios y los grandes capos del país, realmente, no surgió el mes pasado.
México sigue de pie. El sector privado sigue adelante con sus propios objetivos de inversión, producción y generación de empleo. El sector social, a duras penas, también se compromete y cumple con los fines de trabajo y esfuerzo que lo caracterizan. Sin embargo, ¿Puede decirse lo mismo del sector público? No porque el sector privado y social de la economía nacional se mantengan en pie, automáticamente el sector público y el gobierno demostrarán haber cumplido con los deberes que la Constitución y las leyes imponen a su cargo. Son ámbitos bien diferenciados del desarrollo nacional.
Al aludir a la definición del concepto “Estado Fallido”, encontramos en un estudio elaborado por un investigador del Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, el licenciado Mario Santos Villarreal, un párrafo que hoy nos resulta revelador e interesante:
“El término (Estado Fallido) también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el Estado, y otros factores.”
El Gobierno de los Estados Unidos acusa a México de estar coludido con el narco. Le falta exhibir las pruebas, que seguramente se tienen y deben seguir perfeccionando en los procesos judiciales en curso. Con o sin denuncia de cualquier potencia o personaje extranjero, no se necesita salir del país para saber el modo en el que, por el angustiante número de robos, secuestros, extorsiones, trata, amenazas, asesinatos, feminicidios, venta de estupefacientes, corrupción y un inagotable listado de delitos, nuestro gobierno resulta absolutamente descalificado para garantizar la vida y la integridad de quienes habitamos aquí. A la luz de la definición que nos ofrece el estudio antes aludido, debemos señalar que el Estado Mexicano es ineficaz para garantizar el cumplimiento de la ley tratándose del derecho humano más elemental para el que el Pacto Social plasmado en la Constitución fue concebido: la seguridad de sus habitantes.
Evidentemente que, el problema, no se agota en la seguridad. Apenas el pasado 17 de febrero, médicos y enfermeras del sector salud bloquearon avenidas y carreteras de acceso a la Ciudad de México y el Estado de México, en demanda de insumos y respeto a sus derechos laborales. El Sector Público encargado de velar por la salud y el bienestar físico de los mexicanos en Hospitales Públicos y Centros de Salud se encuentra colapsado, y se encuentra desahusiado, porque lleva ya seis años en el abandono. También en materia de Salud podría acusarse que, el Estado Mexicano, es ineficaz para lograr cumplir la ley.
La disminución de la inversión en materia educativa, como aparece en el presupuesto del presente ejercicio en su comparación con el anterior, con el resago que en dicha materia se viene acarreando desde hace tanto tiempo (en el 2023 se evidenció que México invertía más de 10 mil dólares menos por estudiante, que el resto de los países de la OCDE), la educación nacional se encuentra en uno de sus peores niveles. En el informe PISA de 2023, México ocupó la posición 51 de 81 evaluados. Menos del 50% de las escuelas públicas del país tienen acceso a Internet. El gobierno ha fracasado tratándose de la garantía de acceso a la educación gratuita para todos los mexicanos, y de acceso a la información a través de las plataformas universales existentes.
El colmo se va a consumar el próximo 1 de junio de este año, con la elección de todos los Ministros de la SCJN, una tercera parte de Magistrados de Circuito, la totalidad de los que integrarán un Tribunal de Disciplina Judicial, y la de todos los Jueces del país. La inefable reforma judicial evidencia la artimaña empleada para asegurar la selección de candidatos que serán afines al régimen, un proceso que derruirá por tierra la garantía elemental de acceso a la justicia que todo ciudadano anhela tener, como vía para controvertir y contrarrestar los actos u omisiones despóticas y arbitrarias del poder público. El Estado Mexicano acabará por demostrar su falta de eficacia para hacer cumplir la ley por medio del sometimiento de los jueces, lo que trascenderá transversalmente hacia todos los terrenos de la vida nacional.
No serían suficientes diez páginas de este diario para documentar los yerros atribuibles a las administraciones locales, tratándose de servicios más elementales de recolección de basura, bacheo, seguridad pública, tránsito, comunicación, transparencia, etc.
Es en función de todas estas ineficacias acumuladas, siempre atribuibles al sector público y no al sector privado, las que fatalmente nos llevan a encontrar en el meme comentado al inicio, esa grave y triste analogía que nos motiva a reflexionar, ¿cuándo se va a acabar?, ¿cuándo –como sucede en los EEUU– se le van a llamar a las cosas por su nombre?, ¿cuándo se reconocerá que se deben tomar cartas en todos los asuntos del país en los que objetiva y materialmente se han obtenido resultados desfavorables?, ¿cuándo se emprenderá una nueva estrategia para recuperar la civilidad que nuestra Nación demanda?
Las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, la burocracia impenetrable, la ineficacia judicial, la interferencia militar en la política, y la imposición de decisiones asociadas a grupos de poder fácticos, la ley misma en la forma en que resulta redactada por el régimen, que goza del apoyo policial para permanecer en forma, ponen en evidencia la validez de la tesis sustentada por el autor que hoy hemos citado. Quizá México ya ha rebasado la talla que lo había eximido hasta ahora de echarle la culpa al metabolismo.