Antonio Cuellar

La nueva fiscal general de la República tiene ante sí las pruebas necesarias para demostrar, como se asegura por la presidenta, que su gobierno es diferente y que en la cuarta transformación no se aceptan actos de corrupción.

La nueva Ley de Aguas reconfigura el acceso al recurso como un derecho humano, pero concentra el poder en el Estado y abre riesgos de corrupción, ineficiencia y uso político.

Siempre es necesaria la revisión de legitimidad, justicia y legalidad alrededor de un acto de la autoridad que pueda llegar a vejar los intereses del particular.

Paradójico resulta que, en estas mismas fechas, haya tenido lugar una marcha de repudio a la corrupción y a la inseguridad que predominan en el panorama político nacional.