De los diversos temas que afectan el desarrollo de México, se ubica uno muy delicado y que requiere atención. Se trata del inminente envejecimiento de la población, que para 2050 se estima que pasará de un 9% a 18%, según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Evidentemente, se trata de un sector que requiere mayor protección por tratarse de una población vulnerable, como también sucede con los niños, las niñas y las personas con discapacidad.
En este marco, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) efectuó un análisis sobre lo que el gobierno mexicano ha realizado en torno a los cuidados, su impacto económico y sus retos.
De acuerdo con el IMCO, hoy se habla de que los segmentos antes especificados representan 46% de la población, es decir, 58.5 millones de personas, por lo que es fundamental abordar el fenómeno por el bien de la sociedad.
Si bien ha habido avances en esta materia —ya que por primera vez se otorga en el presupuesto federal de 2026 un recurso de 466 mil millones de pesos para la consolidación de una sociedad de cuidados—, el IMCO subraya la insuficiencia ante “la magnitud del desafío”.
En este sentido, los esfuerzos han llevado a que “en los últimos 20 años, los programas presupuestarios vinculados a los cuidados pasaron de seis en 2008 a un máximo de 14 en 2022”; sin embargo, el dinero destinado en el presupuesto del próximo año se queda corto, pues según cálculos del Instituto, “tendría que ser 1.8 veces mayor para responder a la demanda”.
Otro tema relacionado con los cuidados es la tendencia de que sean las mujeres quienes llevan la responsabilidad, afectando su autonomía económica, ya que no reciben pago alguno por dicha labor y tienen que seguir realizando otras actividades.
Esta falta de remuneración y la sobrecarga de funciones propician otras problemáticas en salud (física y mental), así como desigualdades sustanciales.
Si a esto se suma que en los hogares el gasto por los cuidados es considerable, estamos hablando de una atención inequitativa. Dice el IMCO: “Los hogares con mayores ingresos destinan hasta 30 veces más recursos a los cuidados que aquellos con menores ingresos.
Esto podría sugerir que el poder adquisitivo amplía las opciones para acceder a servicios formales de cuidado”.
Un desbalance más es que, de los establecimientos dedicados a los cuidados, “92.8% atienden a niñas y niños, 2.3% a personas adultas mayores y 5% a personas con discapacidad.
Esta distribución evidencia un sistema concentrado en la primera infancia y con una oferta limitada para otros grupos”.
Como se aprecia, el análisis del IMCO es una mirada no solo de lo que vendrá, sino de lo que ya es una realidad. La implementación de un sistema de cuidados requiere compromisos sociales además de monetarios.
En Early Institute reconocemos los esfuerzos gubernamentales, pero sabemos que falta hacer más, empezando por reconocer el derecho humano al cuidado expresamente en la Constitución mexicana para impulsar su pleno ejercicio.
Asimismo, es indispensable pensar que la ausencia de un sistema de cuidados significa pérdidas y brechas difíciles de reparar en el futuro derivadas de las desigualdades de género, de ahí que deba construirse y afianzarse lo más pronto posible.