Con el proceso electoral del primero de junio para elegir a los representantes del Poder Judicial, en México, sigue cuestionándose no solo la forma para nombrar a los próximos jueces, magistrados y ministros, sino, peor aún, a qué tipo de personas se les permitió ser candidatos.
La situación de Héctor Ulises Orduña Hernández es uno de los casos más conocidos por haber obtenido el triunfo como juzgador mixto en el Distrito 2 en Veracruz. El problema es que dicho sujeto recibió la medida de prisión preventiva el 6 de abril de 2025 al ser señalado como probable responsable del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente. Según la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2021 cuando presuntamente realizó tocamientos lascivos en contra de quien resultó ser su sobrina. De igual modo, Orduña Hernández se encuentra presuntamente vinculado con temas de material de abuso sexual infantil en Estados Unidos.
Actualmente, el acusado está detenido por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual de menores y el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió cancelar su triunfo como juez.
Otro lamentable caso es el de Juan Miguel Morales Monter, quien obtuvo el triunfo para ser magistrado de lo familiar. La cuestión es que este sujeto es señalado por el Frente Nacional de Mujeres, así como por otras madres, de haberse coludido con exparejas de las mujeres para quitarles a ellas la guarda y custodia de sus hijos.
Según una madre afectada, ya son más de 17 mujeres que acusan a Morales Monter de quitarles a sus hijos en complicidad con autoridades y, pese a tener estos señalamientos de violencia vicaria, recibió la constancia de validez como magistrado en materia familiar por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Ante casos como los descritos, diversas organizaciones civiles han levantado la voz para exigir las revisiones correspondientes a los expedientes de quienes fueron electos para ocupar cargos en el Poder Judicial. Hay que recordar que desde abril de este año, el Consejo General del INE determinó que anularía el triunfo de los candidatos al Poder Judicial en caso de confirmarse que son prófugos de la justicia, violentadores o deudores alimentarios. Incluso se configuró un catálogo de ocho impedimentos para rechazar la candidatura a cualquier persona que fuera sancionada por motivos de esa índole.
Con estos terribles hallazgos, se está poniendo en duda la eficacia de los controles de integridad sobre los aspirantes que ahora resultaron electos como ministros, jueces y magistrados, cuando lo que se requiere es un sistema de justicia compuesto por personas íntegras, éticas y comprometidas con la defensa de los derechos, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
Desde Early Institute exigimos a las autoridades actuar con celeridad, transparencia y con el más alto estándar de protección a las infancias y las adolescencias. De igual modo, hacemos un llamado a defender el interés superior de la niñez, recordando que la presunción de inocencia es compatible con la obligación del Estado de actuar con máxima diligencia cuando se trata de proteger a esta población. Es imperante que la justicia esté realmente al servicio de la seguridad y protección para que el bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes no sea vulnerado.