En febrero de 2024, autoridades mexicanas rescataron a 18 menores de edad que eran víctimas de explotación laboral infantil en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Los menores realizaban actividades agrícolas y la detención de los adultos involucrados condujo a la identificación de toda una red delictiva.
Este es uno de los múltiples casos de trabajo infantil que se ven día a día en nuestro país, cuando las niñas y los niños deberían estar efectuando otro tipo de prácticas que no sean las laborales.
Lamentablemente, el trabajo infantil en México es muy común y hasta se define como esclavitud moderna por sus características, ya que se trata de actividades en condiciones precarias, con jornadas extenuantes y tratos inhumanos, vulnerando los derechos y el desarrollo adecuado de niñas y niños.
Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI 2022) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se calcula que en México 3.7 millones de menores están trabajando, la mayoría en malas condiciones y con riesgos sustanciales. De ellos, 400 mil tienen de 5 a 9 años; 1.5 millones tienen entre 10 y 14 años y los 1.8 millones restantes son adolescentes de 15 a 17 años.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil comprende “toda la actividad laboral que los niños son demasiado jóvenes para realizar y/o el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños”.
En el caso mexicano, no se han tenido resultados óptimos para combatir esta problemática, pese a que nuestro país se ha adherido a convenios internacionales y se ha comprometido a reducir los índices. Esto origina que la situación se agrave de manera exponencial.
Hoy los estados con mayores tasas de trabajo infantil son: Chiapas (12.3%), Oaxaca (10.5%), Guerrero (9.8%), Puebla (8.9%) y Veracruz (8.5%). Todas esas zonas se caracterizan por tener condiciones socioeconómicas desfavorables, lo que contribuye a que las familias accedan a que sus hijos e hijas menores trabajen.
En Early Institute observamos una gran necesidad por detener el trabajo infantil. Es inaudito continuar con este tipo de explotación, en tanto los niños y las niñas de nuestro país merecen una vida digna y segura. Es urgente acrecentar los esfuerzos legislativos y programas coordinados entre el gobierno y la sociedad civil que garanticen un alto a estas prácticas, de ahí que la visibilización de la problemática sea fundamental. Para empezar, el trabajo infantil no debería ser aceptado bajo ningún concepto y así iniciar su erradicación. La responsabilidad es compartida y amerita que se asuman los compromisos adquiridos a nivel internacional, se exijan resultados y se replanteen estrategias de ser necesario.