Desde hace décadas, las reformas a la justicia penal en Latinoamérica han tenido como objetivo reducir la impunidad, proteger la integridad física de la población y, al mismo tiempo, garantizar los derechos e impartir justicia. Quienes hemos participado en estas reformas hemos observado cómo el debate siempre giraba alrededor de la importancia de asegurar recursos, capacitación y, sobre todo, la selección de profesionistas capaces y no corruptos. El éxito democrático de estas reformas dependía, en gran medida, de garantizar la independencia judicial y del Ministerio Público.
En este último rubro sabemos que México ha fracasado: la elección de jueces y el proceso de selección del fiscal general de la República no han garantizado esa anhelada independencia. Pero, a diferencia de lo señalado por muchos analistas, el reto más difícil que enfrentará la nueva fiscal, Ernestina Godoy, no tiene nada que ver con la “independencia” de la Fiscalía frente a la Presidencia. En la entrega de la semana pasada comenté que la independencia del Ministerio Público es una leyenda jurídica. En papel se ve muy bonito; en la realidad depende de la voluntad del Ejecutivo.
Sin importar lo que dice la Constitución, la experiencia y la historia nos señalan que esta “independencia” la define el presidente y, hasta cierto punto, una rama judicial que logre mantener autonomía. Voy a ser más clara: la independencia del Ministerio Público depende de la voluntad política del Ejecutivo y de los costos políticos, nacionales e internacionales, de no permitir que la Fiscalía ejerza sus funciones de manera independiente, con base en el Estado de derecho y el respeto a la Constitución. También depende de que las ramas judicial y legislativa tengan independencia frente al Ejecutivo.
Algo que no sucede en México.
Un país donde la Fiscalía ha podido enjuiciar presidentes, ministros, legisladores y funcionarios del más alto nivel es Colombia. La comparación entre Gustavo de Greiff, el primer fiscal general en Colombia, y Alejandro Gertz Manero, primer fiscal en México, revela cómo esta figura se ha convertido en un terreno de disputa entre la independencia institucional, el control político y la eficacia de las instituciones para enfrentar organizaciones altamente violentas. De Greiff, primer fiscal general colombiano tras la Constitución de 1991 encarnó un intento genuino de autonomía: defendió posturas propias y polémicas, como la necesidad de replantear la política antidrogas, incluso frente a la presión de Estados Unidos. Esto lo convirtió en símbolo de un poder judicial que buscaba emanciparse del Ejecutivo, pero que enfrentaba choques constantes y dificultades de coordinación en políticas de seguridad y justicia. También hubo cuestionamientos sobre su capacidad de gestión y sobre cómo implementar una institución poderosa sin suficientes contrapesos políticos, lo que podía derivar en decisiones sin responsabilidad frente a la ciudadanía. No hay que subestimar las presiones internacionales: al igual que México, en Colombia la relación con Estados Unidos estaba centrada en temas de seguridad. Además, hubo acusaciones de negociaciones con individuos y cárteles de drogas, ya fuera por corrupción o convencimiento, que contravenían los intereses del Estado colombiano.
Fue el siguiente fiscal de la Nación, Alfonso Valdivieso, quien impulsó las investigaciones del *Proceso 8.000*, que buscaban esclarecer la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial de Ernesto Samper. Estas investigaciones incluyeron el enjuiciamiento y condena del ministro de Defensa civil, Fernando Botero Zea, por enriquecimiento ilícito y peculado. Valdivieso se convirtió en símbolo de independencia judicial, apoyado en parte por el gobierno de Estados Unidos. Años después, la Constitución se modificó de nuevo: se ajustó el esquema de autogobierno judicial y la relación entre Fiscalía y Ejecutivo. El nombramiento del fiscal pasó a realizarse mediante una terna presentada por el presidente y la elección por parte del Senado, lo que lo vinculaba más directamente con la política nacional. Con ello se buscaba reforzar la coordinación institucional, evitar que la Fiscalía se convirtiera en un “poder paralelo” y mantener un grado de control político sobre un órgano con enorme capacidad de influencia.
Aun así, la Fiscalía mantuvo su independencia, pues investigó a más de 130 congresistas y excongresistas colombianos por sus vínculos con grupos paramilitares. De ellos, alrededor de 44 legisladores en ejercicio (2006–2010) fueron detenidos o procesados, y cerca de 60 terminaron condenados por la Corte Suprema de Justicia por delitos como concierto para delinquir y vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y, por supuesto, está la investigación y condena del expresidente Álvaro Uribe, caso que continúa en procesos de apelación.
Esto sería inimaginable en la procuraduría y fiscalía mexicanas.
En la próxima entrega hablaremos de las lecciones aprendidas en Colombia y Estados Unidos, especialmente en el “Mundo según Trump.”