No importa si renunció o si lo corrieron, Alejandro Gertz Manero se va de la Fiscalía General de la República, y su reemplazo indudablemente será una de las personas más poderosas del país.
Pero a pesar de la independencia del ejecutivo, que le concede la reforma constitucional al fiscal general, que debería darle un nivel de invulnerabilidad, lo que subrayó la salida de Gertz Manero es que esta supuesta independencia es una leyenda jurídica.
De hecho, en el caso de Gertz Manero, esta reforma resultó en un fracaso de los supuestos pesos y contrapesos que buscaba la reforma constitucional: por una parte, la “independencia” del primer fiscal general, según reportes periodísticos y acusaciones documentadas, facilitó abuso de autoridad, persiguió adversarios personales, manipuló procesos judiciales y ejerció presiones indebidas en casos emblemáticos.
En uno de los casos más publicitados, desde la Fiscalía, tras la muerte de su hermano Federico en 2015, Gertz acusó a la pareja de este, Laura Morán, y a su hija, Alejandra Cuevas, de homicidio por omisión. Alejandra fue encarcelada por 500 días, y tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que liberó a ambas en 2022, señalando que no había sustento legal, a pesar de presiones de Gertz, según audios filtrados.
El caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán es de los casos más públicos y documentados, pero también las filtraciones; pero también se le acusó de filtrar por razones políticas, documentos sensibles sobre posible corrupción y crimen organizado de funcionarios y militares ilegalmente y de una forma facciosa.
Al mismo tiempo, la investigación de los actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado de funcionarios y seguidores de la 4T-Segalmex, Huachicol Fiscal, quedaría en el olvido o en la impunidad total.
Esa misma independencia permitía que el fiscal general no participara en reuniones binacionales con Estados Unidos o participara esporádicamente en las mañaneras con el presidente López Obrador.
Ante acusaciones o cuestionamientos, la respuesta de AMLO era la misma: es independiente.
Pero además del abuso de autoridad y la impunidad, probablemente la acusación más seria que se le podría lanzar en contra de Gertz Manero es que en los seis años de su mandato la función del ministerio público y la institución sufrieron un desmantelamiento.
Con esta supuesta independencia de la Fiscalía General de la República, hay más impunidad, más corrupción y menos justicia. Y menos credibilidad y confianza que el Estado mexicano tendrá la capacidad de enfrentar las organizaciones criminales que azotan el país dentro del Estado de derecho.
También hay que recordar la importancia del fiscal general en la relación bilateral con Estados Unidos. El nombramiento de una persona que no sea de confianza de la Casa Blanca y del Gabinete de Seguridad podría agravar aún más la desconfianza entre ambos países.
Los retos y cuestionamientos que enfrentará el reemplazo de Gertz Manero son inimaginables: familiares de AMLO, gobernadores, senadores y empresarios de Morena vinculados al crimen organizado, territorios del país controlados por cárteles, elecciones intermedias donde el vínculo criminal y la clase política es un hecho, urgentes reformas para fortalecer la función del ministerio público y la presión constante de Estados Unidos por perseguir a los que “ellos” definen como terroristas.
Según la constitución, el fiscal solo puede renunciar o ser despedido antes de sus 9 años de mandato, por razones graves o justificadas. Al cierre de publicación de este espacio, no sabemos por qué renunció Gertz Manero, y si fue presionado por la presidenta.
En un claro caso de conflicto de intereses y de impunidad, sí es irónico que la persona que lideró el proceso de renuncia o despido fuera el senador Adán Augusto López Hernández, quien literalmente fue “víctima” de filtraciones e investigaciones que surgieron desde la Fiscalía señalando sus vínculos con el crimen organizado y corrupción masiva.
Sin defender la actuación de Gertz Manero, sí tenemos que hacer la pregunta sobre qué significa su “renuncia”. Si fue porque cometió delitos, abusos o incapacidad, sería importante transparentar para así empezar la reconstrucción de la credibilidad de la institución y establecer el futuro de la institución.
Pero todo indica que lo forzaron a dimitir porque, ejerciendo su independencia, investigó a personas e instituciones que simple y llanamente no podía permitirse. Pero la interrogante que urge responder es establecer quién exigió la cabeza del fiscal y por qué. La respuesta a esa pregunta definirá quién verdaderamente manda en México.