Obviamente, las acusaciones en contra de CIBanco, Intercam y Vector son graves, pero hay que ponerlas en perspectiva, ya que representan solamente un porcentaje mínimo del sistema financiero nacional.
Fue la pésima reacción del gobierno de México y las declaraciones de la misma presidenta Claudia Sheinbaum ante los señalamientos del Departamento de Tesoro en contra de tres instituciones financieras, lo que agravó la crisis. Y lo de este incidente también expone lo endeble e incapacidad del gobierno de México y su sistema financiero ante la agresiva estrategia de Estados Unidos de atacar las fuentes de financiación del crimen organizado y los vínculos con empresas y el sistema financiero chino.
En sus comunicados y mensajes por redes sociales, Estados Unidos aseguró que fue un golpe histórico al sistema bancario. Pero la realidad es que en el pasado hubo operativos más graves que podrían haber socavado la credibilidad del sistema financiero.
Pero fue la reacción del gobierno del presidente Ernesto Zedillo y su equipo lo que mitigó el impacto de la crisis. La operación encubierta “Casablanca” se extendió de 1995 a 1998, realizada por el Servicio de Aduanas estadounidense, involucró a 12 bancos mexicanos y resultó en juicios en Estados Unidos en contra de banqueros mexicanos por lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos. El operativo fue legendario: Decenas de banqueros sospechosos fueron invitados a una conferencia en Las Vegas, donde fueron detenidos. Sorprendidos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Relaciones Exteriores y la Procuraduría inmediatamente se trasladaron a Washington para negociar una salida de la crisis y mitigar el impacto en la credibilidad y la viabilidad del sistema financiero.
En contraste, sorprende la falta de coordinación e información del actual gobierno ante la crisis de está semana. No solo se notó la falta de información y estrategia en las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, pero brillaron por su silencio los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores.
Desde el 20 de enero, cuando Donald Trump tomó protesta, anunció una serie de medidas que claramente endurecía las acciones de los Estados Unidos en contra de los cárteles mexicanos, las fuentes de financiación y gobiernos que los protegían. Por el número de muertos debido al consumo de fentanilo; empresas, el sistema financiero y el mismo gobierno de México estaban en la mira de la Casa Blanca.
Pero, parece que este mensaje no se entendió en México. Y lo sorprendente es que no se anticiparon con una estrategia de gobierno ante la eventualidad de que los estadounidenses usarían todas sus armas para investigar y sancionar funcionarios, empresas, bancos, partidos, organizaciones sociales e individuos que tienen nexos con el crimen organizado.
Algunas empresas mexicanas escucharon las amenazas de Donald Trump y han tomado pasos para tratar de anticipar investigaciones de autoridades estadounidenses de vínculos con organizaciones criminales, que ahora son consideradas grupos terroristas.
En mi última entrega, detallo cómo la cadena OXXO, anticipando la agresividad del gobierno del gobierno de los Estados Unidos de perseguir empresas y organizaciones que tienen vínculos con los cinco carteles identificados en las órdenes ejecutivas, empezó a enviar mensajes a proveedores, recordando que está prohibido tener vínculos con organizaciones criminales. ¿Porque el mismo gobierno de México no estaba tomando acciones proactivas para anticipar acusaciones de vínculos de funcionarios que protegen a grupos criminales?
Desde hace 30 años, Estados Unidos ha usado diferente legislación para perseguir y sancionar unilateralmente a gobiernos, empresas, organizaciones y personas que estén vinculados con terroristas y organizaciones criminales. Esta extraterritorialidad de la legislación estadounidense enfurece a los gobiernos y promueve crisis diplomáticas que eventualmente impactan la cooperación.
Pero, la falta de coordinación y cooperación parece no preocupar a la Casa Blanca, o simple y llanamente asumen que el actual gobierno de México no tiene mucha disposición, voluntad o capacidad de cooperar. También, estas investigaciones e imposición de sanciones permiten bloquear (congelar) transferencias y activos, prohibir servicios financieros (préstamos, créditos, inversiones) y restringir cuentas corresponsales de entidades señaladas, sin requerir investigaciones concluyentes. Además, no están obligados a compartir información o evidencia, porque las decisiones son unilaterales.
Finalmente, hay un componente político que refleja las prioridades del gobierno en turno y la relación existente de la Casa Blanca con gobiernos extranjeros.
Lo extraordinario es que el gobierno de Estados Unidos tuvo la cortesía de advertir al gobierno de México sobre estas investigaciones, dándoles la oportunidad de intervenir y manejar la investigación para que no se tradujera en una crisis política y cuestionamiento de la viabilidad del sistema financiero mexicano.
No entendieron que la legislación estadounidense le permite imponer sanciones unilateralmente, sin presentar mucha información o pruebas para justificar sus decisiones.