No solo cuentan las palabras enunciadas, sino las intenciones del presidente. Y es en las conferencias mañaneras donde las verdaderas intenciones de Andrés Manuel López Obrador se balconean a diario. Y fue esta semana que el presidente destapó su estrategia para controlar el país los siguientes años: controlando los árbitros del proceso electoral con una reforma constitucional.
Será seguramente la última batalla de López Obrador, buscando debilitar o desaparecer los pesos y contrapesos que podrían acotar su poder. Hace algunos años pensaba que la estrategia del presidente de atacar a los medios críticos de comunicación, INAI, Banco de México, ONG, sociedad civil y el INE, era porque buscaba asegurar su legado histórico y la ‘cuarta transformación’ de México. Quitar a los intermediarios y eliminar las ‘instituciones’ que ‘simulaban’ la promoción de un país democrático.
Pero en realidad López Obrador es un autócrata. Y así será recordado.
En su conferencia de esta semana, ante una pregunta sobre la decisión del tribunal electoral que no le permitiría a sus seguidores hacer campaña para sacar el voto para la famosa ‘revocación de mandato’ visiblemente enojado el presidente anuncio que “pasando el 10 de abril de 2022 vamos a mandar una iniciativa de reforma a la constitución para garantizar la democracia en México, que no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática y se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales, y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo, la reforma va a ir a la Cámara de Diputados primero. Y les adelanto que sea el pueblo el que elija s los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa, se acabó o espero que se acabe lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo”.
O sea, el INE y el tribunal electoral no le están dando a López Obrador lo que ordenó, entonces no solo buscará desaparecer estas dos instituciones, fundamentales para la gobernanza del país, sino que adicionalmente debilitar su capacidad de llevar a cabo elecciones con resultados creíbles para la población.
La propuesta del presidente es una absoluta locura. En un país donde está claramente documentado la participación del crimen organizado en los procesos electorales en las elecciones locales y estatales, ya sea amenazando, asesinando o comprando votos, con esta propuesta, es casi seguro que criminales decidirán quienes son los árbitros electorales.
Morena debería ser el partido que en principio detenga el suicidio de la democracia mexicana. No solo son mayoría, siguen en la cresta de la ola de popularidad del presidente. Si llegase a prosperar la reforma electoral del presidente los primeros afectados podría ser los de Morena, ya que los resultados electorales dependerán más de los intereses de organizaciones ajenas al gobierno y no la decisión de los electores. Parece que el presidente cayó en la ‘trampa del dictador’.